9 reducido el espacio geográfico de la población garífuna, creando un ambiente de desconfianza, impunidad y confrontación entre los miembros de la comunidad. Desde hace diez o doce años conoce al señor López Álvarez, quien se desempeñaba como marinero, electricista y Presidente del CODETT. Miembros de este comité han sido amenazados por personas dentro y fuera de la comunidad, por el trabajo realizado en defensa de las tierras; algunos han sido enjuiciados criminalmente; existen órdenes de captura contra miembros del CODETT. Han muerto cinco dirigentes comunales y un menor involucrados en movimientos de lucha por la tierra. El testigo atribuye la detención del señor López Álvarez a la lucha por la defensa de las tierras. c) Juan Edgardo García, residente de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz Conoce al señor Alfredo López Álvarez desde hace dieciséis años, y en ese tiempo se ha dado cuenta de amenazas anónimas contra dicho señor. Destacó un incidente ocurrido hace nueve años: se enteró de que trataron de matar al señor López Álvarez, pero los autores se confundieron y dispararon contra una persona que viajaba en un carro igual al del señor López Álvarez. d) Andrés Pavón Murillo, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (en adelante “CODEH”) Conoció al señor Alfredo López Álvarez como dirigente de la comunidad garífuna, y posteriormente se dio cuenta de que había sido privado de libertad bajo condiciones “no transparentes”. En el año 2001 un equipo técnico del CODEH visitó el presidio de Tela para desarrollar un taller sobre los derechos humanos de los presos. En aquella reunión se logró la organización de los individuos privados de libertad y el señor López Álvarez fue nombrado miembro directivo de la organización. Por su participación en ésta, el señor López Álvarez fue objeto de hostigamiento y persecución, al grado de prohibírsele comunicarse en su propia lengua. Ulteriormente fue trasladado al presidio de Puerto Cortés, alejado de su familia. Se le advirtió que sería sometido a tratos crueles si volvía a participar en la organización de los detenidos. 2) Propuesto por los representantes a) Gilberto Antonio Sánchez Chandías, ex Fiscal Auxiliar y Especial en la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural En su condición de Fiscal Especial recibió denuncias de toda índole, entre ellas las relacionadas con la muerte con alevosía de dirigentes que luchaban por la tierra. Las denuncias se presentaban ante las autoridades competentes, pero generalmente se acusaba a los autores materiales con investigaciones técnicas muy débiles, por lo que éstos quedaban en libertad y los autores intelectuales permanecían en la impunidad absoluta. Cuando las investigaciones alcanzaban a personas de “capas sociales[,] económicas y políticas del sector”, éstas denunciaban a los agentes ante sus jefes y se creaban campañas de desprestigio en contra de las instituciones involucradas. El testigo señaló que la lengua que se acostumbra utilizar en las denuncias es el español; los operadores de la justicia no hablan las lenguas de las comunidades indígenas. El señor Sánchez Chandías indicó además que en las penitenciarias y en los centros de detención pública se golpea los indígenas y negros cuando hablan su propia lengua, porque se presume que algo traman; se les recomienda hablar en español. Los malos tratos en los centros de detención son comunes para los privados de libertad, y ello es de conocimiento público.