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[…] Los asesinatos colectivos, que en la mayoría de los casos afectan a campesinos
indefensos, constituyen un fenómeno muy reciente y muestran el alarmante crecimiento
de la violencia en Colombia.
[…] las principales víctimas de las matanzas ocurridas entre 1988 y 1989 han sido los
campesinos. En 1988, 50 de las 73 matanzas fueron contra campesinos, esto es, casi
70 % del total [15 de ellas fueron en Antioquia]. En 1989, 11 de las 21 masacres
ocurridas fueron contra campesinos [6 de ellas fueron en Antioquia]. […] Las áreas
rurales son las más perturbadas por la violencia […]206
129. Además, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos hace constante referencia en sus informes al alto índice de impunidad de
las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometida
como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos
en contra de miembros de la Fuerza Pública y de paramilitares que no desembocan
en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones207.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año
1997, se señala:
Tanto las autoridades colombianas como las organizaciones no gubernamentales están
de acuerdo en aceptar que la falta de investigación y juzgamiento de los delitos
constitutivos de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra es uno de
los factores que más ha contribuido a sostener la abundancia y reiteración de conductas
con las cuales se afectan los derechos protegidos por los instrumentos internacionales.
El Defensor del Pueblo afirmó que el difícil panorama de los derechos humanos en su
país "tiene como uno de sus ingredientes básicos la impunidad, que es un poderoso
elemento de retroalimentación de la violencia y lleva a algunos a tomar justicia por
propia mano, con lo que se configura un círculo vicioso casi irrompible208.
130. Esta situación no fue percibida únicamente en ese año, pues ya en dicho
informe conjunto de 1994 de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre sus
visitas a Colombia, se advertía que la debilidad existente en el sistema de
administración de justicia a principios de los años noventa se plasmaba en los altos
índices de impunidad, los cuales “correspond[ía]n a la justicia penal, tanto ordinaria
como militar, mientras que la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus
competencias en materia disciplinaria, y la justicia administrativa estarían
206
Cfr. Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Informe sobre la visita a Colombia realizada por el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o
arbitrarias (11 de octubre de 1989), 24 de enero de 1990, E/CN.4/1990/22/Add.1, párrs. 20 y 26.
207
Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párr. 92;
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párrs. 26, 27, 28 y 77; Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia en el año 2002, E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párr. 77;
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párr. 211, 212 y 365;
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia en el año 2000, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 57,
142, 206 y 254, e Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, párr. 27,
47, 146 y 173.
208
Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998, 9 de marzo de 1998, párr.
117.
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