de las organizaciones indígenas (...)”4. Dicho acuerdo fue luego reconocido mediante el Decreto No. 52-2005. En dicha norma se estableció que dicho acuerdo, entre otros, tiene “el carácter de compromiso de Estado, cuyo cumplimiento requiere de acciones a desarrollar (…)”5. 20. Respecto de las entidades estatales a cargo de los procedimientos de titulación de tierras, la Comisión observa que el 17 de octubre de 1962 se aprobó el Decreto No. 1551 – Ley de Transformación Agraria, el cual creó el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). El INTA estaba a cargo de “planificar, desarrollar y ejecutar la mejor explotación de las tierras incultas o deficientemente cultivadas, así como la modificación del medio agro-social”. Asimismo, conforme al artículo 104 de dicha disposición, se contempla la creación de “patrimonios familiares” para “adjudicarlos a campesinos guatemaltecos en condiciones de precio y pago, que faciliten su adquisición, para quienes no gozan de otro patrimonio que el de su propio trabajo”6. 21. Posteriormente, el 13 de mayo de 1999 se emitió el Decreto No. 24-99 - Ley del Fondo de Tierras, el cual creó la entidad FONTIERRAS. Dicha entidad reemplazó al INTA en sus funciones. De acuerdo con dicha disposición, su objetivo es “facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos”. La Comisión toma nota de la siguiente disposición de la Ley del Fondo de Tierras: Artículo 45. Excepciones, áreas protegidas y reservas territoriales. La presente ley no rige para las siguientes tierras: en posesión privada de cualquier naturaleza, de las Comunidades Indígenas, áreas protegidas y las reservas territoriales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República y las leyes específicas de cada materia. Las áreas protegidas están sujetas a su propio régimen. En ningún caso podrá tenerse disponibilidad en zonas núcleo y sus zonas de uso múltiple designadas por la Ley de Áreas Protegidas7. 22. Asimismo, la CIDH toma nota de la existencia del Registro de Información Catastral (RIC) y el Registro General de la Propiedad (RGP). El RIC fue creado mediante el Decreto No. 41-2005 – Ley del Registro de Información Catastral. De acuerdo con dicha norma el RIC tiene como objetivo “establecer, mantener y actualizar el catastro nacional”. La Comisión observa las siguientes disposiciones de dicha norma: Artículo 23. y) Tierras comunales: Son las tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. Además, forman parte de estas tierras aquéllas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal. Artículo 65. Tierras comunales. Si durante el proceso de establecimiento catastral se determina la propiedad, posesión o tenencia comunal de tierras, el RIC reconocerá y hará la declaratoria administrativa de tierra comunal y emitirá las certificaciones para lo que sea conducente y, en su caso, ordenar el registro. El procedimiento para la declaratoria de tierras comunales se realizará tomando como base la definición de éstas, contenidas en la presente Ley y el procedimiento para declarar predio catastrado regular o irregular, para lo cual el RIC emitirá un reglamento específico. En estas tierras, el RIC hará el levantamiento catastral completo del polígono, a partir del cual se calculará su extensión, y a solicitud de los comuneros se hará el levantamiento de la información predial, para efectos de planificación del desarrollo de la comunidad. En todo caso, el RIC deberá sujetarse a lo regulado por la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo8. 23. Por su parte, el Registro General de la propiedad (RGP) tiene como objetivo “realizar la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles identificables”, así como “registrar las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el aprovechamiento de las aguas nacionales, explotación de la actividad minera y otras inscripciones especiales”9. Guatemala. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 31 de mayo de 1995. Decreto No. 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, 3 de agosto de 2005. 6 Decreto No. 1551 – Ley de Transformación Agraria, 11 de octubre de 1962. 7 Decreto No. 24-99 - Ley del Fondo de Tierras, 13 de mayo de 1999. 8 Decreto No. 41-2005 – Ley del Registro de Información Catastral, 15 de junio de 2005. 9 Página oficial del Registro General de la Propiedad. 4 5 4

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