42 Paralelamente, se hizo un comunicado y una circular a todo el personal del IRHE para informarles que el paro era ilegal y que se consideraba el día en que estaba programado el paro como un día normal de trabajo. El 5 de diciembre de 1990 se realizó la suspensión colectiva de labores previamente anunciada. A pesar de su advertencia, un número considerable de trabajadores no asistió a laborar y algunos centros de trabajo cerraron completamente. Entre un 10 y un 20 por ciento de los empleados del IRHE dejaron de laborar ese día. No quedaron en grave riesgo las actividades del Instituto porque se ubicó personal de entera confianza de los directores para que se ocuparan de cada una de las áreas y así evitar que pudiese haber un apagón u otra obra de este estilo. En un momento dado el Ministro de Trabajo hizo una manifestación pública declarando el paro ilegal. Los organizadores del paro, luego de que éste se inició, nunca comunicaron públicamente que habían decidido terminarlo. En algunos centros de trabajo el personal fue regresando a trabajar el mismo 5 de diciembre, y luego, al día siguiente, prácticamente todo había retornado a la normalidad. La hora exacta en que los trabajadores empezaron a volver a sus labores no la recuerda, pero pudo haber sido por la tarde. Para el mes de noviembre de 1990 el IRHE contaba aproximadamente con 5000 empleados, quienes en su mayoría estaban sindicalizados en el Sindicato de Trabajadores del IRHE. Mientras se estaba llevando a cabo el paro los trabajadores de la institución estaban enterados del desenvolvimiento de la asonada militar del Coronel Eduardo Herrera Hassán y del desenlace de su intentona golpista del 5 de diciembre de 1990. Todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba pasando, porque se informaba de ello por radio y televisión desde la noche del día anterior. En diciembre de 1990 existía una situación de extrema emergencia en Panamá, que puso en peligro la democracia y la existencia del Estado mismo, lo cual justificó el despido de los trabajadores del IRHE y la aplicación de la Ley 25. La prueba de ello es que el paro, que puso en peligro el sistema eléctrico nacional, coincidió con la fuga del Coronel Herrera Hassán. Con motivo de la aplicación de la Ley 25 de 1990 fueron destituidos, en primera instancia, alrededor de 150 trabajadores del IRHE. Firmó las destituciones. La base para destituirlos fue que habían participado en un paro ilegal. En el IRHE se efectuó un proceso de selección de los trabajadores que fueron destituidos. Hubo reuniones entre los supervisores, los jefes de secciones y los jefes de departamento para establecer cuáles eran las personas que no habían ido a trabajar ese día, quiénes habían organizado el paro y quiénes habían exhortado a los demás a participar. No tenían interés en descabezar la entidad, en especial por todo lo que había sufrido en la época de los militares. Lo que hicieron fue buscar a las personas que más habían participado en la organización y en exhortar a sus compañeros a que participaran del paro. La trayectoria del empleado fue considerada como un atenuante para que no se incurriera en sanciones disciplinarias y así minimizar lo que pudiera darse como sanción disciplinaria. No sabe si se aplicó el reglamento interno del IRHE; había una serie de reglamentos que se aplicaban para las faltas que se cometían en el IRHE, pero también existía la prerrogativa de tomar sanciones severas inmediatamente, dependiendo de la gravedad del delito o de la falta cometida por el empleado. La participación de los trabajadores en el paro se probó con base en sus actuaciones en los períodos anteriores al paro. Como cabeza del Instituto recibió instrucciones sobre cómo proceder en relación con los despidos. Las instrucciones las dio el Presidente, quien dijo públicamente que todas aquellas personas que habían estado participando en el paro serían destituidas. Actuaron con cierta discrecionalidad. Hubo una serie de peticiones de reintegro; sin embargo, él no las tramitaba personalmente. Todos los recursos de reconsideración que presentaron los afectados fueron remitidos a la Dirección Administrativa y de Asesoría Legal de la institución para que hiciera las investigaciones correspondientes. La cifra de reintegrados fue alrededor de 15. Todos los trabajadores podían interponer el recurso de reconsideración.