12 de mayo de 2021 REF.: Caso Nº 13.256 Humberto Cajahuanca Vásquez Perú Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso No. 13.256 – Humberto Cajahuanca Vásquez, respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”), relacionado con la responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías judiciales del señor Cajahuanca en el marco de un proceso sancionatorio seguido en su contra y que determinó la remoción de su cargo como magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició un proceso contra el señor Cajahuanca, argumentando que éste había realizado el nombramiento del señor Héctor Fidel Cordero Bernal como juez en suplencia de manera irregular. El CNM consideró que con la omisión en el procedimiento la víctima “incurrió en hechos que, sin ser delito, comprometen la dignidad del cargo de Presidente de la Corte Superior desmereciendo en el concepto público, conforme lo previsto por el artículo 31 inciso 2 de la Ley 26.397”. En consecuencia, dispuso su destitución y la cancelación de su nombramiento como juez, no obstante, el ordenamiento jurídico preveía una sanción menor para la misma conducta. Adicionalmente, se le inició un proceso penal en el que finalmente fue absuelto. Frente a la decisión de su separación del cargo presentó un recurso de reconsideración que fue resuelto negativamente por el CNM bajo los mismos fundamentos de la destitución. Posteriormente, presentó un recurso de amparo constitucional que fue declarado infundado, pues consideró que el CNM actuó en estricto cumplimiento de sus funciones y respetando sus atribuciones legales. En última instancia el Tribunal Constitucional declaró improcedente el amparo y señaló que había respetado las garantías del debido proceso sin que se acreditara alguna violación de derecho constitucional. En su Informe de Fondo la CIDH realizó un análisis de los componentes de las garantías judiciales aplicables a los procesos disciplinarios seguidos contra jueces: el principio de legalidad y favorabilidad, independencia judicial y derecho a contar con decisiones motivadas, el derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial. La Comisión observó que la causal prevista en la norma y aplicada al señor Cajahuanca Vásquez, revistió de significativa amplitud y no hacía referencia a conductas concretas que resultan reprochables disciplinariamente. Asimismo, observó que el marco normativo no distinguía las sanciones aplicables de conformidad con el nivel de gravedad de causales previamente delimitadas, de manera que la autoridad disciplinaria cuente con elementos para asegurar que la sanción impuesta sea proporcional a la gravedad de la conducta reprochable del juez. Además, el ente disciplinario optó por aplicar la norma más desfavorable. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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