Finalmente, el peticionario concurrió ante la CIDH presentando una denuncia contra el Estado peruano el 29
de noviembre de 2011. La misma fue declarada admisible el 28 de diciembre de 2017 a través del Informe de
Admisibilidad N° 172/17 el 28 de diciembre de 2017.
Habiendo estudiado el caso en cuestión a la luz de los antecedentes disponibles, y a diferencia de lo resuelto
por el voto de mayoría de la CIDH, creo que la petición en análisis debió ser rechazada en el fondo. Todo ello,
según explicaré a continuación.
2. El voto de mayoría condena al Estado peruano a partir de una nueva calificación jurídica de ciertos
hechos, pese a que no era competencia de la Honorable Comisión proceder a efectuar esa nueva
calificación. Objeción de cuarta instancia.
La Honorable Comisión no es un tribunal de cuarta instancia. Esto es una cuestión universalmente aceptada
al interior del sistema interamericano por todos sus actores.
Por tanto, no corresponde a la Honorable Comisión actuar como un tribunal llamado a revisar las conclusiones
adoptadas por los tribunales nacionales respecto de las evidencias rendidas por las partes en un determinado
proceso, o bien ponderar la corrección de la aplicación del derecho nacional por parte de esos mismos
tribunales en un proceso específico.
Sin embargo, el voto de mayoría pronunciado por la Honorable Comisión resolvió este caso ignorando todo
aquello. En efecto, el voto de mayoría, asumiendo el papel propio de un tribunal de instancia, concluyó que
existían evidencias suficientes, en el proceso ante los tribunales nacionales, para afirmar que el peticionario
había, efectivamente, experimentado una discriminación por su orientación sexual. Esto último, pese a
que cinco salas de jueces del Estado peruano habían concluido que no existían evidencias suficientes
aportadas al proceso que permitieran concluir aquello.
Es a partir de esta nueva calificación de los hechos del caso, producto de una actuación ultra vires, que el voto
de mayoría termina por condenar al Estado peruano. Ello, porque, como se indica en el párrafo 53, la
atribución de responsabilidad internacional por parte del Estado dependía de que éste hubiese tenido “una
respuesta adecuada para sancionar los hechos descritos”, esto es, la situación de discriminación denunciada.
En cuanto los tribunales peruanos no sancionaron los hechos descritos —en la medida que aquellos estimaron
que no existían pruebas para acreditar fehacientemente la existencia de una discriminación—, se declaró la
responsabilidad internacional del Perú en este caso. Sin embargo, esa condena se origina en una actuación de
la Honorable Comisión que no es consistente con el conjunto de competencias que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos le otorga.
Efectivamente, la Honorable Comisión no tiene competencias para actuar como un tribunal de instancia
llamado a recalificar jurídicamente un determinado hecho a la luz de la evidencia rendida en un proceso
judicial interno. La apreciación de la prueba es siempre una responsabilidad de la cual es titular el tribunal
nacional competente. Esto, porque es ese tribunal el que dispone de los medios y la cercanía suficiente para
conocer adecuadamente de la evidencia producida a lo largo de un proceso judicial.
No sería razonable exigir a la Honorable Comisión, que tenga la capacidad técnica para reevaluar la pertinencia
de la prueba rendida, así como la corrección de las conclusiones a las cuales llegó un determinado tribunal, a
partir del conjunto de evidencias aportadas por las partes en una causa.
Claramente, la determinación de la pertinencia de la evidencia, así como su apreciación, es responsabilidad de
los tribunales estatales. En un régimen de protección de derechos de carácter subsidiario o coadyuvante, como
el interamericano, no corresponde a la Honorable Comisión atribuirse responsabilidades que, de suyo,
corresponden a las autoridades del Estado, sean estas ejecutivas, legislativas o judiciales.
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