16 de agosto de 2019
REF.:

Caso Nº 12.827
Héctor Fidel Cordero Bernal y otros
Perú

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el
objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 12.827 – Héctor
Fidel Cordero Bernal y otros respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”).
El presente caso se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la
destitución de Héctor Fidel Cordero Bernal de su cargo de Juez del 4to Juzgado Especializado en lo Penal de la Ciudad de
Huánuco, Perú, en 1996, como consecuencia de una decisión en la que concedió libertad incondicional a un procesado.
La Comisión determinó que el Estado violó el principio de legalidad tomando en cuenta la significativa amplitud y
vaguedad de la causal por la que se destituyó a la víctima, la cual no hace referencia a conductas concretas que resultan
reprochables disciplinariamente. Adicionalmente, la CIDH determinó que se violó el principio de legalidad tomando en
cuenta que la causal hacía referencia a un hecho grave que “sin ser delito” compromete la dignidad del cargo, sin embargo
a la víctima se le adelantaba paralelamente un proceso penal por los mismos hechos.
Igualmente, la Comisión consideró que se violó el principio de favorabilidad porque coexistían dos normas, una
que permitía la imposición de la sanción de destitución únicamente cuando el funcionario ha sido sancionado con
suspensión anteriormente, y la otra que no exigía la previa suspensión, sin embargo el ente disciplinario optó por aplicar la
norma más desfavorable.
Por otra parte, la CIDH concluyó que el Estado violó el principio de independencia judicial y el derecho a contar con
decisiones motivadas, tomando en cuenta que la víctima fue destituida por emitir una decisión otorgando libertad
condicional a una persona, y el fallo sancionatorio no ofrece una motivación adecuada sobre las razones por las que la
decisión emitida por la víctima requería de un control disciplinario por denotar su falta de competencia e idoneidad como
juez.
Asimismo, la Comisión consideró que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección
judicial tomando en cuenta que tanto del marco normativo como del contenido de las decisiones se desprende que no
existía un recurso ni en la vía administrativa ni en la judicial para obtener una revisión del fallo sancionatorio por parte de
una autoridad jerárquica y los órganos competentes no realizaron un examen integral de la decisión de destitución de la
víctima.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

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