declaraciones de cuatro peritos y de siete testigos. 3. La Comisión indicó que no tenía observaciones que formular respecto a las listas de declarantes de las partes. Los representantes de las presuntas víctimas presentaron recusaciones en contra de tres de los peritos ofrecidos por el Estado e hicieron manifiesta su solicitud para poder formular preguntas a los peritos y/o testigos ofrecidos tanto por el Estado peruano como por la Comisión Interamericana. Por su parte, el Estado peruano presentó una observación respecto al traslado del peritaje propuesto por la Comisión. Además, formuló observaciones en cuanto a las declaraciones de los tres testigos propuestos por los representantes, alegando que se debía reducir a uno en aplicación del principio de economía procesal. Finalmente, el Estado pidió a la Corte que se rechace el peritaje propuesto por los representantes de las presuntas víctimas. 4. En cuanto a las declaraciones ofrecidas que no han sido objetadas, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite la declaración de Dante Ludwig Apolín Meza, perito propuesto por el Estado. 5. A continuación, el Presidente procederá a examinar en forma particular: a) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión, b) La admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por los representantes c) La admisibilidad de las declaraciones testimoniales ofrecidas por los representantes, d) La admisibilidad de las pruebas periciales ofrecidas por el Estado, y d) La admisibilidad de las pruebas testimoniales ofrecidas por el Estado. A. La admisibilidad del traslado de un peritaje ofrecido por la Comisión rendido en otro caso 6. En su Informe de Fondo, la Comisión ofreció como prueba pericial el dictamen de un perito “quien declarará sobre la falta de cumplimiento de sentencias judiciales que reconocen derechos pensionarios como una forma de denegación de justicia en general y, específicamente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. En su lista definitiva de declarantes de 23 de enero de 2018, la Comisión solicitó transferir la declaración pericial de Christian Courtis, presentado en el caso Muelle Flores Vs. Perú, mediante affidávit. 7. La Comisión consideró que el presente caso plantea cuestiones de orden público interamericano, en los términos del artículo 35.1 f) del Reglamento, pues “constituye una manifestación de un problema de alcance estructural relativo al incumplimiento de sentencias judiciales, particularmente en lo relativo a derechos pensionarios”. Precisó que estos casos hacen parte de un contexto más general reconocido por la Defensoría del Pueblo en relación con la denegación de justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 8. El Estado objetó el ofrecimiento de dicha prueba, alegando que “la Comisión no fundamentó de forma suficiente por qué el peritaje propuesto se relacionaba con el orden público interamericano” y por ser traslado “contiene serias limitaciones para su aplicación al presente caso.” 9. En primer lugar, el Presidente reitera que la incorporación de dictámenes periciales rendidos en otros casos en trámite no significa que tales elementos tengan el valor o peso probatorio de un dictamen pericial. De tal modo, en oportunidades anteriores, la Presidencia de la Corte ha considerado pertinente el traslado de peritajes rendidos en otros casos, como 2

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