7.
Señaló que en razón de la referida resolución, el 11 de agosto de 1995 la Oficina de Control de
la Magistratura ordenó el cese de sus funciones y solicitó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial su destitución
a través de un proceso disciplinario. Afirmó que el proceso culminó a través de la Resolución No. 008-96PCNM del 14 de agosto de 1996, en la que el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante “el CNM”)
resolvió su destitución aduciendo que al otorgar libertad incondicional a favor de personas cuyas evidencias
arrojaban suficientes indicios de responsabilidad penal, el señor Cordero cometió “un hecho grave que sin ser
delito compromete la dignidad del cargo y la desmerece en el concepto público”. Afirmó que dicha causal
disciplinaria se encontraba dispuesta en el artículo 31.2 de la Ley No. 26397 - Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura, el cual habría sido derogado posteriormente por la Ley No. 26933 de 12 de marzo
de 1998.
8.
Resaltó que si bien el artículo 31.2 de la Ley No. 26397 establecía la posibilidad de destituir a
un magistrado que cometiese un hecho grave que comprometiera la dignidad del cargo, el artículo 210 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente en el mismo período, señalaba que “el
hecho grave que sin ser delito y que compromete la dignidad en el cargo y la desmerezca en el concepto
público es pasible de medida disciplinaria de suspensión de uno a 60 días”. Añadió que el artículo 211 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la destitución de los jueces sólo procede cuando ha habido una
sanción disciplinaria anterior, lo cual no habría ocurrido en su caso. Manifestó que ante la vigencia de
disposiciones contradictorias, las de la Ley 26397 y las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondía al
CNM aplicarle la medida disciplinaria más favorable.
9.
Sostuvo que la decisión sancionatoria configuró un cuestionamiento a su actuación
jurisdiccional sustentada en criterios establecidos en la legislación procesal penal. Afirmó que dicho
cuestionamiento contradice los principios de independencia e imparcialidad de los jueces, así como el artículo
212 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “[n]o da lugar a sanción
la discrepancia de opinión y de criterio en la resolución de los procesos”.
10.
Indicó que el 6 de septiembre de 1996 interpuso una acción de amparo que fue declarada
improcedente. Añadió que tras presentar un recurso extraordinario, el Tribunal Constitucional dictó una
sentencia el 8 de mayo de 1998, declarando infundada la demanda de amparo.
11.
La parte peticionaria indicó que paralelamente al proceso disciplinario-sancionatorio, se le
instauró un proceso penal por delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento
personal y prevaricato. Señaló que el 21 de junio de 2005 fue absuelto por la Segunda Sala Penal de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, siendo dicha decisión mantenida en última instancia el 22 de agosto de 2005.
12.
Alegó que el Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo y a la estabilidad
laboral y sostuvo que Perú tiene la obligación de resarcir los daños causados por su destitución arbitraria.
13.
Finalmente, el peticionario reiteró que agotó todas las vías jurisdiccionales, siendo la última
resolución la dictada por el Tribunal Constitucional que declaró infundada su acción.
B.

Estado

14.
El Estado alegó que el proceso disciplinario cumplió todas las garantías convencionales y que
la destitución se fundamentó en la inconducta funcional cometida por la presunta víctima al emitir la
resolución de libertad incondicional que no cumplió con los requisitos exigidos por la ley. Asimismo, se refirió
a la demanda constitucional y al proceso penal, indicando que se cumplieron todas las garantías.
15.
Sobre la acción de amparo interpuesta por el señor Cordero contra el CNM, señaló que la
misma, tenía como finalidad dejar sin efecto la decisión sancionatoria. Afirmó que el Tribunal Constitucional
declaró infundada dicha acción de amparo al considerar que el CNM conoció del proceso disciplinario a

2

Select target paragraph3