28.
Perú “expres[ó] su compromiso para continuar con el cumplimiento de la obligación
de investigar, juzgar y sancionar [a] las personas responsables de las violaciones de los
derechos humanos de los Casos Barrios Altos y La Cantuta […]; así como de los otros puntos
resolutivos que se encuentren pendientes de cumplimiento total”. Además, “consider[ó] que,
en su defecto, la Corte IDH evalúe la posibilidad de una supervisión reforzada en la etapa de
supervisión de cumplimiento de sentencias, mediante un seguimiento constante de la
reparación relativa a investigar los hechos”, y señaló que “el Estado continuará informando
sobre las acciones que desde las instituciones involucradas se vienen realizando”. Asimismo,
se refirió a la solicitud de los representantes de obtener información sobre “los procesos de
hábeas corpus que se habrían interpuesto en favor de Alberto Fujimori Fujimori y las
investigaciones, juzgamientos y ejecución de sentencias de las violaciones graves de derechos
humanos” 33.
29.
En sus observaciones de 11 de diciembre de 2023, el Estado informó que, debido a
que el 8 de diciembre fue feriado en el Perú, recién el día 11 se trasladó el escrito de los
representantes de 7 de diciembre de 2023 al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Instituto
Nacional Penitenciario y al Tribunal Constitucional “a fin de que remitan sus observaciones y,
en algunas de ellas, la posición frente a la solicitud de que la Corte IDH emita una Resolución
que declare que el Estado de Perú ha adoptado una posición de desacato a la obligatoriedad
de las decisiones dictadas por este Tribunal y su sometimiento a consideración de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos”. También, puso dicho escrito en
conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Procuraduría General del Estado “para los fines que estimen pertinentes,
requiriendo, además, en las dos primeras instituciones, que presenten su posición frente a la
[referida] solicitud [de] Resolución”. Asimismo, el Estado informó que, “a través de medios
periodísticos […] ha conocido que, el Magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel
Monteagudo Valdez, presentó [el 11 de diciembre de 2023] un documento a la Presidencia
del Tribunal Constitucional, con el objetivo de que […] sea sometida a deliberación la
declaración de nulidad de oficio del auto de fecha 4 de diciembre de 2023 […] sobre la
liberación del señor Alberto Fujimori Fujimori” (supra Considerando 20). Finalmente, el Estado
reiteró lo expresado en su escrito de 7 de diciembre de 2023, respecto a que, “en el marco
de la presente solicitud de medidas provisionales, la Corte IDH evalúe, como lo ha hecho
antes, la posibilidad de una supervisión reforzada en la etapa de supervisión de cumplimiento
de sentencia”.
D. Observaciones de la Comisión IDH
30.
En sus observaciones de 11 de diciembre de 2023, la Comisión manifestó que, al
“ordenarse la liberación del condenado Alberto Fujimori restituyéndose un indulto no
convencional, el más alto Tribunal Constitucional no solo desacata lo indicado por esta […]
Corte, sino que además manda un mensaje de total impunidad hacia las más graves
violaciones a los derechos humanos, lo que afecta no solo a la sociedad peruana sino a toda
la comunidad internacional en su conjunto”. Estimó que el Estado hizo “caso omiso a la
resolución de 5 de diciembre de 2023 y a lo ordenado en las decisiones previas de la Corte”.
Sostuvo que el Tribunal Constitucional no analizó las condiciones establecidas por la Corte
Interamericana. La Comisión recordó que desde 2017 ha cuestionado el indulto concedido al
expresidente Fujimori, y señaló que, el 8 de diciembre de 2023, “mediante comunicado de
Señaló que el Tribunal Constitucional informó sobre dos procesos de habeas corpus que “se encuentra[n]
aún en estudio, pendiente[s] de resolver”, y que el Ministerio Público informó sobre el estado de cuatro casos
“relacionad[o]s con los hechos de los casos Barrios Altos y La Cantuta”: tres de ellos se encuentran en etapa de juicio
oral o a la espera de este y, respecto del cuarto caso, la Fiscalía a cargo planteó, a instancia de la Superior Sala
Penal, que el proceso sea acumulado al expediente de uno de los casos que se encuentra en etapa de juicio oral.
Asimismo, indicó que la información correspondiente al Poder Judicial sería transmitida a la Corte “una vez recabada”.
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