2

2.
Los escritos de 9 de febrero, 13 de mayo y 29 de septiembre de 2016; 24 de febrero, 27
de junio y 21 de septiembre de 2017 y 16 de enero, 16 de febrero y 24 de julio de 2018, así
como sus anexos, mediante los cuales la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o
“Guatemala”) se refirió a la implementación de las presentes medidas provisionales. Asimismo,
el escrito de 24 de julio de 2018, mediante el cual el Estado solicitó una reunión de trabajo en
el marco de las presentes medidas provisionales con el fin de definir retos y desafíos en el
cumplimiento de las mismas.
3.
Los escritos de 3 de marzo, 15 de junio y 9 de noviembre de 2016; 29 de marzo, 26 de
julio y 19 de octubre de 2017, y 16 de enero y 16 de febrero de 2018, mediante los cuales los
representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales (en adelante “los
representantes”)1 presentaron sus observaciones a la información remitida por el Estado (supra
Visto 2). Asimismo, el escrito de 19 de octubre de 2017, mediante el cual los representantes
informaron sobre la decisión del Departamento de Riesgo de la División de Protección de
Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil Guatemalteca, de realizar un análisis de riesgo
a los beneficiarios de las medidas provisionales. A través de dicho escrito, solicitaron que la
Corte valorara los esfuerzos realizados por el Estado y le instara a seguir implementando las
medidas de protección “de forma diligente y efectiva a fin de garantizar la vida e integridad
personal de los beneficiarios”. Además, el escrito de 6 de septiembre de 2018, mediante el cual
los representantes indicaron que el Estado ha implementado todas las medidas y esquemas de
seguridad a favor de los beneficiarios, y solicitó a la Corte que valore los esfuerzos realizados
por Guatemala.
4.
Las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 22 de abril y 19 de julio de 2016; 26 de enero
y 19 de julio de 2017, y 6 de noviembre de 2018, mediante las cuales presentó sus
observaciones a la información remitida por el Estado y los representantes (supra Vistos 2 y
3).
CONSIDERANDO QUE:
A. Sobre la implementación de las medidas provisionales
A.1. Alegatos e información remitida por las partes y la Comisión
5.
Mediante escritos de 9 de noviembre de 2016 y 29 de marzo de 2017 los representantes
de los beneficiarios señalaron falencias en la implementación de las medidas de protección. No
obstante lo anterior, mediante escrito de 6 de septiembre de 2018 indicaron que
“efectivamente el Estado ha implementado todas las medidas y esquemas de seguridad a favor
[de los beneficiarios]”. Además, solicitaron a la Corte que “valore los esfuerzos realizados por
el Estado en la implementación de los esquemas y medidas de seguridad brindadas a la FAFG”.
6.
Por su parte, el Estado reiteró en sus informes que, para hacer efectivas las medidas de
protección a favor de la FAFG, a través de las instituciones correspondientes ha mantenido el
esquema de protección asignado. Asimismo, mediante escritos de 24 de febrero y 26 de junio
de 2017, informó sobre cómo estaba atendiendo las inconformidades señaladas por los

1

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos funge como representante en el presente asunto.

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