INFORME Nº 99/17 CASO Nº 11.782 ADMISIBILIDAD Y FONDO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ REVOLORIO, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CALO, Y ANÍBAL ARCHILA PÉREZ GUATEMALA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 I. RESUMEN 1. El 17 de julio y 11 de agosto de 19971, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Centra para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante los peticionarios”) en favor de Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Aníbal Archila Pérez y Miguel Ángel López Calo (en adelante “las presuntas víctimas”) en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) por la condena a la pena de muerte de las presuntas víctimas por el delito de asesinato y otros delitos. Los peticionarios argumentaron que en los respectivos procesos penales se cometieron diversas violaciones al debido proceso. 2. El Estado argumentó que en el proceso llevado a cabo en contra de las presuntas víctimas se respetaron todas las garantías del debido proceso y que la pena de muerte fue impuesta por la comisión de un delito grave, previsto en la legislación vigente de la época, lo cual no vulnera la Convención Americana. 3. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, el principio de legalidad, a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 4.1, 4.2, 5, 8.1, 8.2 c), 8.2 h), 9 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez. Asimismo, el Estado incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la CIPST”). II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. La petición fue recibida por la Comisión el 17 de julio de 1997 y se inició el trámite de la misma el 11 de agosto del mismo año. El 18 de diciembre de 2002 la Comisión informó a las partes que en virtud del artículo 37.3 del Reglamento entonces vigente, había decidido diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate sobre el fondo. Mediante escrito del 5 de febrero de 2003, los peticionarios presentaron sus observaciones adicionales sobre el fondo, las cuales fueron trasladadas al Estado el 27 de agosto de 2003 con el plazo de dos meses. El Estado presentó sus observaciones sobre el fondo el 27 de octubre de 2003. Con posterioridad, la Comisión ha continuado recibiendo comunicaciones de los peticionarios y del Estado, las cuales han sido debidamente trasladadas a las partes. 5. En el caso en referencia, la Comisión se puso a disposición de las partes para una solución amistosa, sin que ambas partes manifestaran interés en dar inicio a tal procedimiento. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 1 El 17 de julio de 1997 la petición fue presentada en inglés y el 11 de agosto de 1997 en español. 1

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