5 9. Los representantes manifestaron que el Estado había descartado importantes informaciones que involucran a altos funcionarios del Estado, tanto de la Fuerza Pública como del Poder Ejecutivo y destacaron la demora en el juzgamiento de Isaías Montes a pesar de las declaraciones de Enrique Villalba en 1998. Agregaron que la investigación no ha desarrollado planes metodológicos con hipótesis de trabajo adecuadas para investigar de manera efectiva a todos los involucrados, incluyendo autoridades civiles y militares, que han sido señalados tanto por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso como por el asesinado Enrique Villalba. Los representantes sugirieron al Estado la creación de “una Mesa de Trabajo para el impulso de las investigaciones penales, con el nombramiento especial de un Fiscal Coordinador, la participación al menos de los Fiscales a cargo de las investigaciones, los Procuradores Delegados Penales Especiales para las investigaciones, las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Vicepresidencia de la República, así como de los representantes de las víctimas”. En relación con las medidas propuestas por el Estado (supra párr.7), los representantes consideraron que no han sido adecuadamente implementadas y, aunque saludaron la intención del Estado de dar un mejoramiento a la metodología de investigación de estos hechos, insistieron en su propuesta presentada en audiencia ante la Corte. Según los representantes, en el plan del Estado sigue faltando: a. La vinculación en un mismo equipo de trabajo de Procuradores Delegados Penales especiales para las investigaciones, de representantes de las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Vicepresidencia de la República y de los representantes de las víctimas, para garantizar el desarrollo de hipótesis y líneas de trabajo diferentes a las que Fiscalía ha desarrollado durante más de 10 años. b. La determinación de los objetivos de trabajo, tales como la identificación de los principales obstáculos que han impedido el desarrollo de las investigaciones así como el mecanismo para removerlos; la elaboración conjunta de un plan metodológico de investigación con la participación de agentes del Estado en los hechos; el diseño y ejecución de un plan de actividades que incluya interrogatorios a los jefes paramilitares extraditados; y la identificación de elementos probatorios que no se hayan practicado aún, para que sean objeto de trabajo del Cuerpo Técnico de Investigaciones. 10. Además, los representantes señalaron que no se ha dado publicidad a los escasos resultados penales que se encuentran en firme, según lo ordenó la Corte. Insistieron que, entre los obstáculos para la obtención de justicia en este caso, se encuentran: a. La ley de Justicia y Paz y la impunidad que ha propiciado. En particular, resaltan que en este caso el jefe paramilitar Salvatore Mancuso se ha referido en varias oportunidades, pero de forma fragmentaria, a las masacres de Ituango, pero los representantes de las víctimas no han podido acceder a interrogarlo, inicialmente, cuando se encontraba en Colombia, por la dinámica de las audiencias de versión libre implementada por la Fiscalía de Justicia y Paz y posteriormente porque fue extraditado. b. La extradición de los jefes paramilitares y la falta de un acuerdo con los Estados Unidos de colaboración para las investigaciones en donde están vinculados o deben declarar los jefes paramilitares. c. La ausencia de una política criminal del Estado tendiente a investigar el fenómeno del paramilitarismo a todos los niveles, para esclarecer sus raíces y brazos al interior de la institucionalidad en el ámbito nacional, regional y local. d. El asesinato de testigos claves que han declarado en contra de altos ex funcionarios del Estado, como es el caso de las declaraciones de Francisco Enrique Villalba en contra