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REF.:

Caso Nº 13.041
Guillermo Antonio Álvarez
Argentina

27 de marzo de 2021

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
13.041 – Guillermo Antonio Álvarez respecto de la República Argentina (en adelante “el Estado”, “el Estado
argentino” o “Argentina”). El presente caso se refiere a la responsabilidad internacional de Argentina por los
hechos relacionados con las violaciones a derechos humanos de que fue objeto Guillermo Antonio Álvarez en
el marco de un proceso penal seguido en su contra.
El señor Álvarez fue sujeto a un proceso penal por los delitos de robo y homicidio ocurridos entre los
días 27 y 28 de julio de 1996. El 28 de octubre de 1999 el Tribunal Oral de Menores ante el cual se sustanció el
proceso, lo encontró penalmente responsable y lo condenó a la “pena única de reclusión perpetua, más la
accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas”. Contra
esta decisión se interpusieron recurso de casación y una serie de recursos de carácter extraordinarios,
quedando en firme la condena impuesta.
En su Informe de Fondo, la Comisión determinó una serie de violaciones que se verificaron en el marco
del proceso penal. En primer lugar, determinó que constaban diversos aspectos que llevaron a que la víctima
no contara el tiempo y medios para la preparación de una defensa adecuada, y en que no fuera efectiva. La
Comisión estableció que, tras la revocación del patrocinio a los representantes de confianza de la víctima, el
tribunal decidió no concederle tiempo para la designación de nuevo defensor, sino que designó de oficio a la
Defensora Pública Oficial el mismo día en que comenzaba la audiencia de inicio de juicio. La víctima pudo
reunirse con la defensora únicamente una hora antes de la audiencia y durante la misma decidió no prestar
declaración. Si bien el tribunal consideró que la defensora asignada tendría conocimiento de la causa al haber
previamente defendido a un coimputado, la Comisión observó que ella misma señaló que no le era posible
estudiar la situación de la víctima en menos de 24 horas. Además, la Comisión notó que el tribunal no realizó
un análisis de la posible incompatibilidad en la representación de los dos imputados de la causa, por parte de
una defensora común.
Sumado a ello, la Comisión consideró que la inactividad argumentativa a favor de los intereses del
imputado, así como la indebida fundamentación de los recursos interpuestos, tuvieron un impacto en el
derecho a la defensa efectiva. La Comisión observó además que la víctima no contó con un defensor que
interpusiera un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Cámara de Casación Penal. La Comisión
determinó que, a pesar de que las múltiples deficiencias en la defensa del señor Álvarez fueron conocidas por
las autoridades judiciales mediante diversos recursos presentados, éstos no fueron efectivos a fin de subsanar
las violaciones a las garantías judiciales referidas.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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