8 v) El 12 de marzo de 2014 los beneficiarios Abel Barrera, Director de Tlachinollan y Santiago Aguirre, integrante de la misma organización, sufrieron un “robo con violencia”, cuando salieron de Tlapa camino a Chilpancingo, donde tenían diversas reuniones12. De acuerdo a los representantes, estos hechos fueron ventilados en la prensa sin el consentimiento de Tlachinollan y sin que se brindara alguna medida de seguridad. Además, algunos medios de comunicación vincularon los operativos policiales realizados en la ciudad de Chilapa con la denuncia que elevó Tlachinollan ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. La vinculación mediática entre la denuncia y las acciones policiales contra el grupo delincuencial que controla Chilapa colocaron a Tlachinollan en un riesgo real e inminente. vi) El 13 de mayo de 2015 “un vehículo […] le dio alcance [a Abel Barrera] y se atravesó intempestivamente en su camino. Del auto descendieron tres hombres que portaban armas cortas[,] le apuntaron directamente con sus armas y le espetaron ‘bájate hijo de tu pinche madre o te carga la chingada’. Ante la amenaza, atemorizado […] descendió del vehículo […] y se tiró al suelo como le ordenaban. Una vez en el piso, constató que los agresores subieron a su vehículo y pusieron rumbo al lado este de la ciudad”. Los representantes informaron que, días antes, varios integrantes de Tlachinollan “constataron que la puerta derecha de dicho vehículo mostraba señales de haber sido forzada”, por lo cual desde entonces no la estaban estacionando en lugares públicos. Indicaron que “dada la gravedad de los hechos […]; el difícil contexto que se vive actualmente en el estado de Guerrero; así como la deficiente implementación de las medidas de protección […] queda de manifiesto la notoria situación de riesgo en que se encuentran [los] beneficiari[o]s”. 22. Al respecto, los representantes señalaron que se “debe[n] valorar las amenazas y hechos de hostigamiento cometidos en perjuicio de distintos beneficiarios de forma global, entendiendo que éstas se traducen en factores de riesgo contra todos ellos, a partir de su vinculación con Tlachinollan”. Asimismo, expresaron su “preocupación en tanto que el Estado persist[ía] en no considerar la condición de […Abel] Barrera como defensor de derechos humanos como uno de los móviles de [la agresión en su contra]”.Consideraron que era “lamentable que las autoridades no atend[ieran] a la gravedad del hecho de que fueron víctimas […] Abel Barrera y Santiago Aguirre”. 23. Asimismo, manifestaron que “la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad por la violación sexual y tortura de la señora Inés Fernández Ortega (dónde participaron tanto beneficiarios de Tlachinollan como de la OPIM) el 6 de marzo de 2012; permite presumir que las nuevas amenazas pueden relacionarse con las causas originales que llevaron la adopción de medidas de protección. No obstante, solamente a través de una investigación diligente se puede esclarecer la conexión de forma cierta”. Así, respecto de la amenaza de 4 de mayo dirigida a Vidulfo Rosales, señalaron que “el hecho de que los incidentes de hostigamiento estén referidos al trabajo de defensa de derechos humanos que realizan estas organizaciones y que se den en el marco de los esfuerzos para el cumplimiento de varias reparaciones ordenadas por la Corte […] en el caso Fernández Ortega y otros, debe ser tomado en consideración en la valoración de la relación entre los incidentes más recientes y aquellos que sirvieron de fundamentación a las presentes medidas”. En febrero de 2014 solicitaron valorar la aprehensión de dos de los probables responsables y la apertura del proceso judicial como un nuevo factor de riesgo que afectaría a los beneficiarios hasta que se dictara sentencia en firme. Por otro lado, se refirieron a la representación 12 De acuerdo a lo informado por los representantes, aproximadamente a las 20:50 horas, una camioneta de carga interceptó y cerró el paso al vehículo de Tlachinollan. Inmediatamente, bajaron de ese auto tres sujetos, dos de ellos armados y embozados. Los atacantes obligaron a los integrantes de Tlachinollan a bajar de la camioneta y a acostarse en la carretera, mientras uno de los sujetos armados se subía al vehículo de Tlachinollan para llevárselo. Adentro del vehículo iban dos computadoras, identificaciones de los integrantes de Tlachinollan, así como documentos personales y de trabajo. Los otros dos sujetos retuvieron a los integrantes de Tlachinollan por un tiempo, los amarraron, les ordenaron subir a la batea de la camioneta de los atacantes, para posteriormente dejarlos tirados en la tierra, amenazarlos de muerte y robarles las carteras.