26 de julio de 2019
REF.:

Caso Nº 12.319
Federación Nacional de Trabajadores
Marítimos y Portuarios- FEMAPOR
Perú

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 12.319
– Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios – FEMAPOR, respecto de la República de Perú (en
adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”).
El presente caso se relaciona con la vulneración del derecho a la protección judicial por la falta de
cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de la República del Perú, emitida el 12 de febrero de
1992, que estableció la manera correcta de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de 4,106 ex
trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. La Comisión estableció que el sólo hecho de que recién en el año 2004
se hubieran empezado a realizar los pagos dispuestos en una decisión de la Corte Suprema emitida doce años atrás,
resulta en sí mismo violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva en perjuicio de todo el grupo de trabajadores
beneficiarios de dicho fallo judicial, dejándolas en un estado de indefensión e inseguridad jurídica que les ha
impedido el ejercicio y la restitución adecuada de los derechos laborales reconocidos por las autoridades
competentes. A partir del año 2010, dentro del proceso de ejecución de sentencia, 2,317 de los beneficiarios de la
sentencia original, continuaron reclamando judicialmente por considerar que el cálculo de los pagos de los beneficios
sociales era inexacto. Respecto a esos 2,317 trabajadores que continuaron judicializando su reclamo, la Comisión
consideró que la violación se mantiene hasta la fecha, al no haber recibido el pago establecido por un peritaje judicial
emitido en 2015. Asimismo, la Comisión consideró que el lapso de más de 25 años sin que se ejecute en su totalidad
la sentencia de la Corte Suprema de 12 de febrero de 1992, sobrepasa a todas luces un plazo que pueda considerarse
razonable. La Comisión consideró también que el Estado peruano es responsable por la violación del derecho a la
propiedad privada de los beneficiarios de la sentencia de la Corte Suprema, pues ésta, al reconocer los pagos por
concepto de derechos y beneficios laborales, los incorporó al patrimonio de las víctimas. Por último, la Comisión
señaló que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado peruano trasciende a la situación individual de
las presuntas víctimas del presente caso y hace parte de un contexto más general.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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