RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
DE 9 DE MARZO DE 2020
CASO BOYCE Y OTROS VS. BARBADOS
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y
REINTEGRO AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS
VISTO:
1.
La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante
“la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 20 de noviembre
de 20071. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Barbados (en
adelante “el Estado” o “Barbados”) por la violación de los derechos a la vida y a la
integridad personal, en perjuicio de los señores Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph,
Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggins. Dichas violaciones se
declararon por la imposición de la pena de muerte obligatoria a las referidas cuatro
víctimas, quienes fueron condenadas por el delito de homicidio, según lo establecido
en el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1994. Esa disposición legal
establecía que cualquier persona condenada por homicidio sería sentenciada y
condenada a muerte. Al respecto, la Corte consideró que la imposición de la pena de
muerte de manera obligatoria, mecánica y genérica para todo culpable de homicidio,
violaba la prohibición de privar del derecho a la vida en forma arbitraria, ya que no
permitía la individualización de la pena conforme con las características del delito, así
como con la participación y culpabilidad del acusado y, además, no limitaba su
aplicación a los delitos más graves. Asimismo, el Tribunal declaró que el Estado no dio
cumplimiento al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los
derechos a la vida y a la protección judicial, debido a que mantuvo, per se, y aplicó
respecto de las víctimas, el artículo 2 de la Ley de Delitos Contra las Personas, que
restringe el derecho a la vida, y porque el artículo 26 de la Constitución de Barbados
impidió el escrutinio judicial del referido artículo 2 de la Ley de Delitos contra las
Personas. Finalmente, la Corte estableció que las víctimas estuvieron sometidas a
condiciones de detención que constituyeron un trato inhumano y degradante, lo cual
resultaba violatorio del derecho a la integridad personal. La Corte estableció que su
Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó
al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerandos 1 y 3).

*
El Juez Eduardo Vio Grossi y el Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participaron en la
deliberación y firma de la presente Resolución por razones de fuerza mayor.
1
Cfr. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. El texto íntegro se encuentra disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf. La Sentencia fue notificada el 18 de
diciembre de 2007.

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