RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* DE 9 DE MARZO DE 2020 CASO BOYCE Y OTROS VS. BARBADOS SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y REINTEGRO AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS VISTO: 1. La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 20 de noviembre de 20071. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Barbados (en adelante “el Estado” o “Barbados”) por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, en perjuicio de los señores Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggins. Dichas violaciones se declararon por la imposición de la pena de muerte obligatoria a las referidas cuatro víctimas, quienes fueron condenadas por el delito de homicidio, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1994. Esa disposición legal establecía que cualquier persona condenada por homicidio sería sentenciada y condenada a muerte. Al respecto, la Corte consideró que la imposición de la pena de muerte de manera obligatoria, mecánica y genérica para todo culpable de homicidio, violaba la prohibición de privar del derecho a la vida en forma arbitraria, ya que no permitía la individualización de la pena conforme con las características del delito, así como con la participación y culpabilidad del acusado y, además, no limitaba su aplicación a los delitos más graves. Asimismo, el Tribunal declaró que el Estado no dio cumplimiento al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los derechos a la vida y a la protección judicial, debido a que mantuvo, per se, y aplicó respecto de las víctimas, el artículo 2 de la Ley de Delitos Contra las Personas, que restringe el derecho a la vida, y porque el artículo 26 de la Constitución de Barbados impidió el escrutinio judicial del referido artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas. Finalmente, la Corte estableció que las víctimas estuvieron sometidas a condiciones de detención que constituyeron un trato inhumano y degradante, lo cual resultaba violatorio del derecho a la integridad personal. La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerandos 1 y 3). * El Juez Eduardo Vio Grossi y el Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participaron en la deliberación y firma de la presente Resolución por razones de fuerza mayor. 1 Cfr. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. El texto íntegro se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf. La Sentencia fue notificada el 18 de diciembre de 2007.

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