13 de septiembre de 2019
REF.:

Caso 12.985
Jorge Villarroel y otros
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso 12.985 – Jorge Villarroel y otros respecto de la República del Ecuador (en adelante “el
Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”), relacionado con la detención ilegal y arbitraria de los entonces
oficiales de la Policía Nacional: Jorge Villarroel Merino, Mario Rommel Cevallos Moreno, Jorge Coloma Gaybor,
Fernando López Ortiz, Amílcar Ascazubi Albán y Patricio Vinuesa Pánchez en mayo de 2003, así como de las
vulneraciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso seguido en su contra por el delito de
peculado.
La CIDH destacó que la detención en firme tal como estaba regulada y que se aplicó en el caso
concreto, era una detención preventiva obligatoria y automática basada exclusivamente en la gravedad de la
pena atribuida al delito, la modalidad de supuesta comisión del mismo y a la etapa procesal, esto es, el hecho
de encontrarse en la etapa de juicio. Lo anterior, sin que la norma exigiera a las autoridades respectivas
analizar ni justificar si se cumplían fines procesales de conformidad con sus obligaciones bajo la Convención
Americana. La Comisión también consideró que dicha figura implicó una vulneración al principio de igualdad
ante la ley, al establecer una diferencia de trato basada en la pena a imponer, la modalidad de comisión del
supuesto delito o la etapa procesal. La CIDH agregó que el período de detención bajo esta figura por ocho
meses, sin una revisión periódica, no fue razonable.
Asimismo, la Comisión observó que las víctimas estuvieron bajo la figura de detención preventiva
entre enero de 2004 y mayo del mismo año, la cual resultó arbitraria. La CIDH consideró que la norma que la
establecía invirtió, en la práctica, la excepcionalidad de la prisión preventiva y la convirtió en la regla en
aquellos casos sancionados con pena privativa de la libertad, pues bastaba para dictarla que exista un delito
con sanción privativa de la libertad e “indicios o presunciones graves de responsabilidad”. La Comisión
también concluyó que los recursos presentados por las víctimas a efectos de cuestionar su detención no
fueron idóneos ni efectivos para obtener una debida protección judicial.
Adicionalmente, la CIDH identificó las siguientes vulneraciones a las garantías judiciales en el
proceso seguido por el delito de peculado: i) las víctimas no contaron con información previa y detallada de la
acusación y de defensa; ii) se afectó el derecho a contar con autoridad competente frente a los múltiples
indicios de la falta de competencia de la persona que ejerció como Presidente del tribunal; iii) no se permitió
recurrir el fallo ante un tribunal de superior jerarquía; y iv) la duración del proceso tuvo un plazo irrazonable.
El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre
de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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