6. Los peticionarios advierten que la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala (en adelante “Ley General de Telecomunicaciones” o “LGT”) establece en su artículo 62 que las frecuencias de radio se otorgan a través de un proceso de subasta pública, determinado por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Bajo esta disposición, el ente regulador, bajo un criterio exclusivamente económico, concede al mejor postor las licencias de uso de bandas de frecuencia. A juicio de los peticionarios, este mecanismo no contempla oportunidades equitativas para los medios de comunicación comunitarios, ni atiende a las necesidades especiales de los pueblos indígenas guatemaltecos conforme a la condición económica en la que viven. Tampoco toma en cuenta el hecho de que las radios comunitarias son creadas para servir a una comunidad específica y no con ánimo lucrativo, por lo que no pueden competir en un proceso donde la oferta más alta determina el acceso al espectro radioeléctrico. 7. La parte peticionaria alude que el artículo 64 de la LGT contiene provisiones sólo respecto de las emisoras comerciales y gubernamentales, omitiendo el reconocimiento a medios de radiodifusión comunitaria, sin ánimo de lucro. Al respecto, los peticionarios manifiestan que desde que se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (“AIDPI”), a través del cual Guatemala se compromete a otorgar a estos pueblos acceso a la radio como medio de expresión, se han llevado a cabo varios intentos de enmendar la ley actual de Guatemala para dar reconocimiento a las radios comunitarias, sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada por el Congreso. 8. Adicionalmente, indican que el 5 de diciembre de 2012 el presidente de Guatemala firmó el Decreto 34-2012, mediante el cual se permitiría a los titulares de usufructo extender hasta por 20 años adicionales sus derechos otorgados bajo la Ley General de Telecomunicaciones. De acuerdo con la parte peticionaria, este decreto obstaculiza aún más el acceso a las frecuencias radioeléctricas en igualdad de condiciones, especialmente para los pueblos indígenas ya que congeló por un periodo de tiempo de 20 años la distribución del espectro radioeléctrico. 9. Asimismo, la parte peticionaria señala que, se presentaron diversas iniciativas legislativas para lograr la modificación de la LGT sin resultado alguno. Además, la Asociación Sobrevivencia Cultural presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 1, 2, 61 y 62 de la LGT en 2011, que fue considerada sin lugar por la Corte de Constitucionalidad. 10. La parte peticionaria alega que las condiciones legales que obstaculizan el acceso al espectro radioeléctrico a los pueblos indígenas representan la violación por parte del Estado a su derecho a la libertad de pensamiento y expresión contemplado en el artículo 13 de la Convención. Lo anterior, considerando los escasos ingresos económicos de los pueblos indígenas y el limitado acceso que tienen a otros medios y tecnologías, por lo que las radios sirven como el instrumento más efectivo para el pleno goce de este derecho, el fomento de su cultura e historia y representan para muchos miembros, el único medio para mantenerse informados y participar en los debates públicos de la sociedad guatemalteca. Asimismo, los peticionarios alegan que la decisión del Estado de Guatemala de adoptar una ley que indirectamente sólo crea espacio para las radios comerciales con ánimo de lucro, así como la criminalización de actividades relacionadas con operación de radios comunitarias, traducida en la persecución penal al personal de estas emisoras bajo la figura de “hurto”, los allanamientos a sus instalaciones, la confiscación de sus instrumentos de trabajo y la interrupción total o parcial de sus transmisiones, también violan el derecho a la libertad de expresión de los cuatro pueblos. 11. Los peticionarios explican que el derecho a la no discriminación previsto en el artículo 24 de la Convención Americana es incumplido por el Estado debido al tratamiento diferenciado que los pueblos indígenas reciben bajo el marco legal vigente para la regulación de frecuencias radiales, que se basa exclusivamente en un criterio económico para la concesión de licencias. En este sentido, destacan que aunque la LGT permite que cualquier persona que esté interesada en obtener una frecuencia de radio participe en una subasta pública, este mecanismo se basa únicamente en la capacidad de ofrecer el mayor precio por una frecuencia de radio, de modo que las emisoras comerciales son prácticamente el único tipo de radio en posibilidad de participar exitosamente en el proceso y obtener licencias, excluyendo a los pueblos indígenas que buscan operar radios comunitarias sin fines de lucro. 2

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