REF.:

Caso Nº 12.705
Joffre Antonio Aroca Palma y familia
Ecuador

6 de noviembre de 2020

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
12.705 – Joffre Antonio Aroca Palma y familia, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado
ecuatoriano” o “Ecuador”). El presente caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria, y ejecución
extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma en febrero de 2001, así como la situación de impunidad en la que
permanecen los hechos.
En su Informe de Fondo la Comisión observó que no fue un hecho controvertido que el señor Aroca
falleció el 27 de febrero de 2001 como consecuencia del disparo efectuado por un agente policial, quien se
encontraba en funciones. La Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano no aportó una explicación que
permita considerar que la muerte del señor Aroca constituyó un uso legítimo de la fuerza ni tal información se
desprende del expediente. Por el contrario, el Estado reconoció que el agente Rivera realizó dicho disparo y
que se inició una investigación para investigar y sancionar lo ocurrido, lo cual culminó en una sentencia
condenatoria en el fuero policial en contra del agente policial que disparó en contra del señor Aroca. Asimismo,
en base a la evidencia señalada se descartaron las dos versiones, a su vez contradictorias, brindadas por el
agente policial: i) que el señor Aroca había salido corriendo; y ii) que debido al intento de arrebato del arma
por parte del señor Aroca ambos forcejaron y se produjo el disparo de manera accidental.
En consecuencia, la Comisión consideró que el uso de la fuerza letal empleado por el agente Rivera fue
injustificado, innecesario, desproporcional y carente de un fin legítimo, por lo que constituyó una ejecución
extrajudicial y una violación de su derecho a la vida.
En base a la evidencia señalada se descartaron las dos versiones, a su vez contradictorias, brindadas
por el agente Rivera sobre: i) que el señor Aroca había salido corriendo; y ii) que debido al intento de arrebato
del arma por parte del señor Aroca ambos forcejaron y se produjo el disparo de manera accidental. Dicha
sentencia fue posteriormente confirmada por los tribunales superiores en noviembre de 2002 y febrero de
2003, respectivamente, sin que las partes hayan cuestionado las determinaciones fácticas de dichos fallos.
Adicionalmente, la Comisión consideró que no existe controversia en cuanto a que el señor Aroca se
encontraba con un grupo de amigos y amigas y que, al preguntar a cuatro agentes policiales que se les acercaron
por qué les requerían mostrar sus cédulas de identidad, éste fue retenido. La Comisión consideró que dicha
retención vulneró su derecho a la libertad personal porque: i) resultó ilegal y arbitraria en tanto el Estado no
indicó la existencia de razones o parámetros objetivos que potencialmente pudieran justificarla; ii) el señor Aroca
no fue informado sobre las razones de su detención; y iii) la retención no tenía como finalidad presentarlo ante
autoridad competente para determinar la legalidad de la misma y resguardar su seguridad personal.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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