25 de julio de 2019
REF.:

Caso No. 12.405
Vicente Aníbal Grijalva Bueno
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso No.
12.405 – Vicente Aníbal Grijalva Bueno respecto de la República del Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado
ecuatoriano” o “Ecuador”).
El presente caso se relaciona con la destitución arbitraria de Vicente Aníbal Grijalva Bueno como Capitán
de Puerto de la Fuerza Naval ecuatoriana en 1993, así como la falta de garantías judiciales en el proceso
sancionatorio de destitución y el proceso penal militar por “delitos contra la fe militar” que se le siguió en su contra.
En relación con el proceso sancionatorio de destitución, la CIDH consideró que en los informes que fueron utilizados
para la destitución del señor Grijalva estuvo involucrado un agente militar, quien había sido denunciado por la víctima
meses atrás de haber cometido graves violaciones de derechos humanos. La Comisión consideró que la participación
dicho agente en la emisión de estos informes afectó la garantía de imparcialidad en el marco del proceso que dio lugar
a la destitución del señor Grijalva. La Comisión también remarcó que otras autoridades que fueron denunciadas por el
señor Grijalva por la presunta comisión de graves violaciones de derechos humanos y que formaron parte del Consejo
de Oficiales Superiores que dispuso su destitución, tenían un interés directo en el resultado de la investigación al estar
involucrados en una controversia con la víctima. Por lo expuesto, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho
del señor Grijalva de contar con una autoridad imparcial durante el proceso de destitución.
Asimismo, la CIDH determinó que el señor Grijalva no tuvo la posibilidad de conocer, participar y defenderse
en el procedimiento sancionatorio que culminó con su destitución. La Comisión agregó que debido a la motivación
escueta e insuficiente de la resolución, se afectó la posibilidad del señor Grijalva de formular una defensa adecuada
en el marco de los siguientes recursos para cuestionar su destitución. La Comisión también tomó nota de las
declaraciones de distintos miembros de la Fuerza Naval del Ecuador que indicaron que fueron sometidos a actos de
tortura a efectos de declarar en contra del señor Grijalva, lo cual fue corroborado por la Comisión de la Verdad. La
CIDH notó qué a pesar de ello, se otorgó plena validez a dichas declaraciones y no se adoptó ninguna medida a
efectos de cumplir con la regla de exclusión. La Comisión concluyó que esta situación constituyó una violación al
derecho a contar con las debidas garantías, así como el derecho de defensa y a un juicio justo.
Respecto del proceso penal militar por “delitos contra la fe militar”, la Comisión consideró que el juzgado
que emitió la sentencia condenatoria en contra del señor Grijalva no realizó ninguna valoración de diversos
elementos exculpatorios, a la luz del principio de presunción de inocencia. La CIDH resaltó que la sentencia se basó
exclusivamente en un informe que tenía diversas irregularidades, incluyendo la aplicación de actos de tortura y
coacción en contra de diversas personas que declararon en contra del señor Grijalva. Igualmente, la Comisión
consideró que el juzgado invirtió la carga de la prueba en el sentido de colocarle la responsabilidad al señor Grijalva
de probar su inocencia, lo cual también resulta contrario al principio de presunción de inocencia.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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