-4reiterado en la respectiva lista definitiva, sin embargo, la Comisión en dicha ocasión indicó que según las notas de sometimiento de los casos guatemaltecos su dictamen versaría sobre “cuestiones relacionadas con debido proceso tales como: 1. La asistencia jurídica por parte de estudiantes de derecho a personas procesadas en delitos que contemplan la pena de muerte; […] 3. La prohibición de utilizar la noción de peligrosidad de una persona, como expresión del derecho penal de autor, para imponer la pena de muerte; 4. El derecho de recurrir el fallo mediante una revisión integral en casos de pena de muerte; 5. La responsabilidad de control del juez de las actuaciones de la defensa en casos con posibilidad de imponer la pena de muerte”. Adicionalmente solicitó que dicho peritaje sea recibido en audiencia pública. Los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos ofrecieron el mismo peritaje con el mismo objeto. 14. El Estado objetó dicho peritaje conjunto3, alegando que tanto el Estado, “como los miembros de la […] Corte conocen perfectamente las obligaciones, estándares y los deberes internacionales adquiridos por los Estados” por lo tanto, “[n]o hay necesidad que un perito los exponga en función de un caso particular” y de acuerdo al principio de economía procesal “solo [se deben] admit[ir] y practi[car] pruebas que sean […] pertinentes y relevantes” para la decisión de la causa. Indicó que el objeto de dicho peritaje no guarda relación con el caso en cuestión, ni contribuye a establecer la existencia de las violaciones a derechos humanos que le pretenden imputar al Estado. Por último, el Estado solicitó que dicho peritaje no sea admitido. 15. El Presidente recuerda que el ofrecimiento de dictámenes periciales por parte de la Comisión, se fundamenta en el artículo 35.1.f)4 del Reglamento, en donde se supedita el eventual ofrecimiento de peritos cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar. En este sentido, esta Presidencia considera que, contrario a lo alegado por el Estado, el objeto del peritaje conjunto ofrecido por la Comisión y los representantes sí trasciende el interés de las partes en litigio y el objeto específico de este caso. El peritaje propuesto abarcaría las obligaciones estatales en materia de aplicación de la pena de muerte y las cuestiones de debido proceso penal como la defensa común de coimputados en el marco de proceso penales que prevén la aplicación de la pena de muerte. El Presidente considera que dicho peritaje podría contribuir al fortalecimiento de las capacidades de protección del sistema interamericano de derechos humanos en relación a la aplicación de la pena de muerte. En consecuencia, el Presidente considera que el peritaje conjunto propuesto por la Comisión y los representantes resulta relevante para el orden público interamericano y estima pertinente admitirlo. 16. Por último, el dictamen pericial fue ofrecido por la Comisión también en los casos Girón y Castillo, y Ruíz Fuentes, y además, se solicitó que fuera trasladado a los casos Rodríguez Revolorio y Valenzuela Ávila, todos contra Guatemala. Dicho peritaje será rendido en audiencia pública en el caso Ruíz Fuentes, para los restantes casos en observancia del principio de economía procesal, el Presidente estima que puede ser presentado un sólo El Estado además manifestó que “no le fueron trasladados oportunamente los currículos vitae de los dos peritos”. Esta Presidencia hace notar que el 2 de marzo de 2018 se notificó el sometimiento del caso al Estado, y en dicha comunicación fueron enviadas las hojas de vida de ambos peritos. 3 El artículo 35.1.f) del Reglamento establece lo siguiente: “1. El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información:… f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida”. 4

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