2 4. Las comunicaciones de 22 de abril, 5 de agosto y 17 de diciembre de 2010, y 15 de febrero de 2011, mediante las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó sus observaciones a los informes del Estado, así como a las correspondientes observaciones e información remitida por los representantes con respecto a la implementación de las presentes medidas provisionales. CONSIDERANDO QUE: 1. Colombia es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de junio de 1985. 2. El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. 3. La disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a las medidas provisionales que ordene este Tribunal, ya que el principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, ha señalado que los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)1. 4. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Las medidas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo2. 5. Las presentes medidas provisionales se relacionan con el presunto asesinato de Josué Giraldo Cardona, Presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta (en adelante también “Comité Cívico del Meta” o “Comité Cívico”), ocurrido en octubre de 1996, a pesar de la existencia de medidas cautelares otorgadas a favor de los miembros de dicha organización desde noviembre de 1995. Los representantes indicaron que el trámite de la respectiva petición se había iniciado en 1996 y que se había solicitado su unión “al trámite del caso de la Unión Patriótica”. Asimismo, en su comunicación de 22 de abril de 2010 la Comisión Interamericana informó al Tribunal que el caso de Josué Giraldo Cardona se encontraba en etapa de admisibilidad y fondo, y que había “decidido no acumularlo con 1 Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte de 14 de junio de 1998, Considerando sexto; Asunto María Lourdes Afiuni. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de diciembre de 2010, Considerando cuarto, y Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución del Presidente de la Corte de 22 de diciembre de 2010, Considerando tercero. 2 Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto; Asunto María Lourdes Afiuni, supra nota 1, Considerando sexto, y Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros, supra nota 1, Considerando sexto.