5.
La representante, en su comunicación de 6 de febrero de 2020, informó sobre el
fallecimiento del señor Carlos Alberto Fernández Prieto, quien había sido ofrecido como
declarante en el escrito de solicitudes y argumentos.
6.
En cuanto a las declaraciones que no han sido objetadas, la Presidenta considera
conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la
debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente, y según las
reglas de la sana crítica. Por consiguiente, la Presidenta admite la declaración testimonial del
señor Carlos Alejandro Tumbeiro y de la señora Fátima Adriana Castro; y las declaraciones
periciales del señor Hernán Víctor Gullco y de la señora Sofía Tiscornia.
7.
Tomando en consideración lo anterior, a continuación, la Presidenta examinará en
forma particular: a) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión y b) la
aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte.
A. Admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana
8.
La Comisión ofreció, como prueba pericial, la declaración del señor Juan Pablo
Gomara 1, indicó el objeto de su declaración, y adjuntó su hoja de vida. Ni el Estado, ni la
representante, objetaron el ofrecimiento de dicha prueba pericial. Por lo tanto, la Presidenta
procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento en el artículo 35.1.f del
Reglamento de la Corte 2, en donde se supedita el eventual ofrecimiento de peritos cuando se
afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual
corresponde a la Comisión sustentar 3.
9.
Según la Comisión, este caso involucra cuestiones de orden público interamericano,
pues:
“permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre los requisitos y condiciones
en las cuales las personas pueden ser detenidas por agentes policiales cuando no
exista una orden judicial ni flagrancia. Particularmente, las salvaguardas para
asegurar la legalidad y no arbitrariedad de facultades policiales de detención en
base al criterio de “sospecha”; y la validez bajo la Convención Americana, del uso
en proceso penal de las pruebas obtenidas durante dicho acto”.

10.
En este sentido, la Presidenta considera que el objeto del peritaje propuesto trasciende
el interés y objeto del presente caso, pues se refiere a las obligaciones de los Estados en
1
La Comisión informó que el perito declararía sobre “las obligaciones internacionales de los Estados que
resultan exigibles en el marco otorgamiento de facultades de detención a cuerpos de seguridad cuando no exista
orden de autoridad competente ni flagrancia, sino con base en la posible sospecha de cometer un delito. La persona
experta se pronunciará sobre estándares de legalidad y no arbitrariedad para detener a persona bajo sospecha, así
como la validez de uso en el proceso penal de las pruebas obtenidas durante dicho acto”.
2
El artículo 35.1.f del Reglamento establece lo siguiente: “1. El caso será sometido a la Corte mediante la
presentación del informe al que del se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos
supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser examinado,
la Corte deberá recibir la siguiente información: […] f. cuando se afecte de manera relevante el orden público
interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones
y acompañando su hoja de vida”.

Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Noguera y
otros Vs. Paraguay. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 8 de julio de 2019, párr. 9.
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