2
4.
Los escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) el 10 de
abril de 2015 y 22 de abril de 2016.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
4
decisiones , la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el
presente caso en noviembre de 2013 (supra Visto 1), en la cual se ordenaron las catorce
reparaciones convenidas entre las partes en el acuerdo de solución amistosa.
2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana,
“[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en
todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la
Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual
es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto. Los
Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones
convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos
internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía
protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de
5
los tratados de derechos humanos .
3.
El Tribunal se pronunciará sobre siete medidas de reparación que considera que el
Estado ha cumplido total o parcialmente (infra Considerando 4). En una posterior
resolución, esta Corte se pronunciará sobre las otras siete reparaciones pendientes de
cumplimiento6.
4.

4

El Tribunal estructurará sus consideraciones en el siguiente orden:

Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.
5
Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37 y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia.
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de
junio de 2016, Considerando 3.
6
Relativas a: i) realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias
para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar la comisión del delito de tortura, en perjuicio de los
señores García Cruz y Sánchez Silvestre (punto dispositivo sexto inciso a) de la Sentencia); ii) eliminar los
antecedentes penales que pudiesen existir en contra de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre, en relación
con los hechos del caso (punto dispositivo sexto inciso b) de la Sentencia); iii) otorgar a las víctimas atención
médica preferencial y gratuita a través del “Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a
las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral” y brindarles atención
psicológica a través de la “Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos”, en sus domicilios o en las
instalaciones del Centro de Atención a Víctimas y Ofendidos más cercana al mismo, a elección de las víctimas
(punto dispositivo sexto inciso c) de la Sentencia); iv) otorgar a la esposa del señor Sánchez Silvestre, atención
médica gratuita (punto dispositivo sexto inciso d) de la Sentencia); v) realizar un acto público de reconocimiento
de responsabilidad internacional y disculpa pública (punto dispositivo sexto inciso e) de la Sentencia); vi) realizar
un seminario con expertos para debatir la aplicación de la doctrina de la inmediatez procesal utilizada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer llegar las conclusiones de dicho evento a diversos servidores
públicos encargados de la defensoría de oficio, así como de la procuración e impartición de justicia (punto
dispositivo sexto inciso j) de la Sentencia); y vii) efectuar un “Programa para operadores de justicia” para
continuar otorgando capacitación a los servidores públicos encargados de la defensoría de oficio, así como de la
procuración e impartición de justicia bajo los estándares internacionales más altos, para que puedan identificar,
reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura (punto dispositivo sexto inciso l) de la
Sentencia).

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