3 de octubre de 2019
REF.:

Caso Nº 12.702
Bonifacio Rios Avalos y Carlos Fernández Gadea
Paraguay

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso Nº 12.702 – Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea respecto de la República
de Paraguay (en adelante “el Estado”, “el Estado paraguayo” o “Paraguay”), relacionado con una serie
de violaciones en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las víctimas de
sus cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en 2003.
La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente
mediante procedimientos previamente establecidos. Al respecto, la Comisión hizo notar que después
que las víctimas fueron acusadas, la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 122, la cual no
solamente estableció el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político sino normas procesales para
el juicio político que tuvieron un impacto sustantivo en el ejercicio del derecho de defensa, así como en
otros aspectos relacionados con las garantías del debido proceso. En particular, en dicho reglamento la
Cámara de Senadores determinó entre otras cuestiones: i) que no se admitirían recusaciones contra el
órgano disciplinario; ii) que la decisión de la Cámara de Senadores sería irrecurrible; iii) que la defensa
de cada acusado no podría durar más de tres horas; iv) que se trasladaría la acusación a las presuntas
víctimas el miércoles 26 de noviembre de 2003 y tendrían hasta el lunes 1 de diciembre de 2003 para
formular su defensa y ofrecer sus medios de prueba, es decir, dos días hábiles.
Por otra parte, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con un juez imparcial
tomando en cuenta que el reglamento emitido no permitía las recusaciones contra el órgano
disciplinario, es decir cuestionar su imparcialidad, lo cual tenía particular importancia en el caso,
tomando en cuenta que las víctimas alegaban que el proceso tenia fundamentos discriminatorios.
Asimismo, la Comisión declaró la violación del principio de independencia judicial, el principio de
legalidad y el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, dado que la decisión que
destituyó a las víctimas no contiene motivación y se limita a indicar que se aprobó la moción para
removerlos. Por otra parte, la causal invocada para destituirlos de “mal desempeño” resultó sumamente
vaga, dando un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad sancionadora a cargo de aplicarla.
Ello posibilitó que la Cámara de Diputados incluyera en la acusación contra las víctimas una serie de
decisiones jurisdiccionales que corresponden a su criterio jurídico y se encuentran protegidas por el
principio de independencia judicial.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

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