VOTO CONCURRENTE DEL
JUEZ PATRICIO PAZMIÑO FREIRE
CASO PUEBLOS INDÍGENAS MAYA KAQCHIKEL DE SUMPANGO
Y OTROS VS. GUATEMALA
SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 2021
(Fondo, Reparaciones y Costas)
1.
El presente Voto Concurrente en el caso de los Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de
Sumpango y Otros Vs. Guatemala busca poner en perspectiva a la dogmática del derecho
internacional de los derechos humanos, en general, y el derecho a la libertad de expresión,
en particular, desde una visión culturalmente adecuada y en el marco del desarrollo normativo
que ha producido en la región el constitucionalismo democrático del Buen Vivir (Sumak
Kausay).
2.
En un mundo que parece cada vez más polarizado y bombardeado por la pandemia de
la desinformación y de las noticias falsas, la construcción de espacios de comunicación
comunitaria se convierte en una oportunidad única para fomentar el diálogo social, el
intercambio cultural y la sana convivencia en democracia. No en cualquier tipo de democracia,
sino en un verdadera democracia participativa 1.
3.
Las radios comunitarias, populares, alternativas, ciudadanas, participativas, libres, se
multiplican en todo el mundo. Se identifican por sus objetivos de transformación social, de
búsqueda de un sistema justo con vigencia de los derechos humanos, con acceso y
participación de las mayorías. Personas y colectivos, muchísimos y en todas partes, que no
se cansan de repetir y accionar el fundamento de sus deseos: para construir sociedades
democráticas debe ser reconocido y garantizado el ejercicio del derecho humano a la libertad
de expresión y la comunicación.
4.
Y ese derecho a la libertad de expresión, para ejercerse debe tener canales de
comunicación que permita la real participación de la mayor cantidad de voces,
independientemente de su capacidad económica y/o de propiedad de radiofrecuencias de
transmisión. El internet y el uso de las nuevas tecnologías han venido ampliando la capacidad
de comunicarnos y de trasmitir el conocimiento. Sin embargo, en el ámbito rural las radios
continúan teniendo un valor esencial. Con el advenimiento de estas tecnologías y de las
nuevas formas de comunicarse, no podemos dar la espalda a nuestras comunidades y ampliar
la brecha digital ya existente. El deber del Estado está en integrar de manera plena e inclusiva
estas importantes formas de organización y expresión. Esto no supone transformar ni pedir
‘‘formalizar’’ o cooptar a estas formas organizativas básicas de nuestra sociedad, sino
catalizar, transmitir y promover la cultura social y popular. Informar, educar, entretener o
denunciar, es una tarea múltiple y compleja que realizan estos medios de comunicación. Sin
embargo, desde una perspectiva discriminatoria y eminentemente racista del mundo, se les
excluye, o contiene, bajo formalismos o normativas infra constitucionales. Bajo visiones
excluyentes, la información que proveen, no es relevante por ser local en sistemas donde se
privilegia los hechos de las ciudades o las “grandes noticias”, o se estigmatiza a la educación
por la diversidad idiomática o por su contenido y raigambre popular.
1

Cfr. Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 2010.

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