6 a) que el Ministerio Público contactó directamente a las hermanas del señor Bámaca Velásquez para que fueran a una posible exhumación, a pesar de que se ha “establecido en reiteradas ocasiones que el contacto para con los familiares, sea hecho a través de la señora Jennifer Harbury o a través de CEJIL”. Indicaron que lo anterior generó “un estado de zozobra” y de preocupación en los familiares de la víctima. Además, señalaron que la Fiscal quería abrir la fosa de Retalhuleu, la cual ya fue abierta en 1993 sin resultados positivos; b) que en una conversación mantenida con la Fiscal de Retalhuleu, funcionaria que contactó a las hermanas del señor Bámaca, se les dijo textualmente “que el expediente del caso estaba perdido”, lo cual consideran “muy preocupante”. En este sentido, indicaron que “la desaparición de este expediente, [que contiene 16 años de trámites] no es ningún accidente, es una estrategia” de impunidad. Destacaron que desconocen la fecha en que se perdió el expediente, que es difícil entender en base a qué prueba la Fiscal puede llevar a cabo una exhumación y que dicha funcionaria no había leído la sentencia de la Corte Interamericana dictada en este caso. Agregaron que las últimas diligencias han sido “realizadas de manera aislada, ignorando no sólo el contexto en el que se dieron los hechos, sino también toda la prueba aportada ante esta Corte y aquella recabada por las autoridades en las primeras etapas de investigación”; c) que existen hechos “que si no se recupera [el] expediente podrían estar perdidos, hay gente que ha fallecido, hay gente que se v[io] obligada a separarse de la causa, algunos fiscales que fueron indirectamente amenazados” y, además, “los testigos oculares […] tienen una gran inseguridad […] y ahora pueden ser sometidos nuevamente a hostigamiento y presión”. Agregaron que “la Corte Interamericana podría inclusive hacer un rol muy particular en este proceso aportando ahora […] el expediente a nivel nacional”; d) que son preocupantes “la dificultad de coordinación entre instancias del Estado” y las acciones de la fiscalía, teniendo en cuenta “la reapertura de una fosa ya abierta en 1993 sin resultados positivos en el caso”; e) que en relación al traslado del expediente a la Fiscalía de Derechos Humanos, creen que las actuaciones que se van a trasladar “son estos hechos de noviembre, exclusivamente esto de las exhumaciones que se relató, que es mínimo”; f) que “en la misma Fiscalía [de Derechos Humanos] se debe asignar al personal adecuado, dotarle de recursos económicos y dotarle de seguridad porque seguramente el caso volverá a tomar una relevancia muy importante”. Resaltaron “la ola de violencia y represalias incansables en contra de todos los testigos y otra gente involucrada en este caso y también sus familiares”, particularmente en contra de Otoniel de la Roca y sus familiares. Por ello, insistieron en que “es clave que haya protección para todos los testigos y abogados y gente del Tribunal que van a estar implicados”, y g) que debe asegurarse la plena participación de la señora Harbury en el proceso penal y que el nombramiento del Fiscal o la Fiscal que llevará a cabo la investigación, sea realizado en consulta con los familiares de la víctima.