26 de julio de 2019 Ref.: Caso No. 11.587 César Gustavo Garzón Guzmán Ecuador Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 11.587 – César Gustavo Garzón Guzmán y otros respecto de la República del Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”). El presente caso se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán desde el 9 de noviembre de 1990 en Quito, Ecuador por parte de miembros de la Policía Nacional. El hecho se dio en un contexto general de desapariciones forzadas por parte de agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, en particular de los grupos “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”. El caso fue documentado por el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional. La CIDH determinó que existen elementos suficientes para concluir que César Gustavo Garzón Guzmán fue privado de libertad por agentes estatales. Asimismo, determinó que la negativa de las autoridades a reconocer la detención, en el contexto de la época y tomando en cuenta la prueba obrante en el expediente, constituyó un encubrimiento de los hechos. Por otra parte, consideró que la hipótesis manejada por el Estado en el marco de la investigación según la cual la víctima fue sustraída por miembros del grupo subversivo al que pertenecía o que huyó a otro país coincide con el modus operandi para casos de desapariciones forzadas en el momento de los hechos. En virtud de lo anterior la CIDH concluyó que se trata de una desaparición forzada y por ello el Estado vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en la Convención Americana, así como los artículos I a) y b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En particular, respecto de la investigación judicial la CIDH refirió que todas las investigaciones se reducen a tres partes policiales sin que conste que el Estado haya iniciado e impulsado formalmente una investigación penal transcurridos más de 26 años desde los hechos, por lo que concluyó que el Estado ecuatoriano no ha investigado los hechos del presente caso con la debida diligencia ni en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión estableció la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de César Gustavo Garzón Guzmán. Señor Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos Apartado 6906-1000 San José, Costa Rica

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