El caso también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres
desapariciones. La Comisión determinó que la aplicación de la justicia militar al caso concreto resultó
violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la
obtención de justicia. Asimismo, la Comisión estableció el incumplimiento del deber de investigar con
la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas
desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables.
Finalmente, la Comisión declaró una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y
hostigamientos que han tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento
forzado de algunos de ellos.
El Estado mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de
marzo de 1981 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.
Asimismo, México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9
de abril de 2002.
La Comisión ha designado al Comisionado Enrique Gil Botero y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia
Serrano Guzmán y Christian González Chacón, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la
CIDH, actuarán como asesoras y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del informe de fondo 3/16 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención,
así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los
anexos utilizados en la elaboración del informe 3/16 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado
al Estado mexicano mediante comunicación de 9 de mayo de 2016, otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión resalta que tras el
otorgamiento de una prórroga, el Estado no ha avanzado integral y sustantivamente en el
cumplimiento de las recomendaciones. Específicamente, no se han dado progresos relevantes en la
búsqueda de las tres personas desaparecidas, los avances en las investigaciones son mínimos y el
Estado no ha efectuado una propuesta concreta de reparación a favor de las víctimas.
Tomando en cuenta la situación de incumplimiento de las recomendaciones, la Comisión
Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de
derechos humanos descritos en el informe de fondo 3/16, por la necesidad de obtención de justicia
para las víctimas.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la
vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial
consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 22 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento en perjuicio de las personas que se indican a lo largo del informe de fondo. Asimismo, la
Comisión concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos I incisos a y b) y IX
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de
reparación:
1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola
Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, y de
2

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