INFORME No. 6/2020
CASO 12. 727
INFORME DE FONDO
ANTONIO TAVARES PEREIRA Y OTROS
BRASIL1
3 de marzo de 2020

I.

INTRODUCCIÓN

1.
El 1 de enero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición en la cual se alega la responsabilidad
internacional de la República Federativa de Brasil (“el Estado”, “el Estado brasileño” o “Brasil”) por el asesinato
del trabajador rural Antonio Tavares Pereira, así como por las lesiones corporales sufridas por otros 185
trabajadores rurales (“las presuntas víctimas”) —supuestamente infligidas por agentes de la policía militar del
estado de Paraná, durante la represión de una marcha por la reforma agraria realizada el 2 de mayo de 2000—
y por la impunidad que siguió a los hechos. La petición fue presentada por el Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el Centro de Justicia Global y Tierra de
Derechos (“la parte peticionaria”)2.
2.
La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad 96/09 el 29 de octubre de 20093 y lo transmitió a las
partes el 6 de enero de 2010. La Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución
amistosa del asunto 4 . Las partes contaron con los plazos reglamentarios para formular observaciones
adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue transmitida debidamente a las partes.
II.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

3.
La parte peticionaria alega que, el 2 de mayo de 2000, durante un intento de manifestación del
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) por la reforma agraria, más de 1.500 trabajadores
rurales, entre ellos mujeres y personas mayores, fueron brutalmente reprimidos por la policía militar del
estado de Paraná, lo cual habría causado la muerte a Antonio Tavares Pereira y lesiones corporales a otros 185
integrantes del MST.
4.
Según la parte peticionaria, la caravana de alrededor de cincuenta autobuses donde se encontraba
Antonio Tavares se dirigía a la ciudad de Curitiba para participar en dicha manifestación cuando fue detenida
por un grupo de agentes de la policía militar. Durante el procedimiento, los agentes de policía incautaron los
materiales que iban a usarse en la manifestación. Después, escoltaron a la caravana hasta otro lugar cercano a
la ciudad de Curitiba, parando en cada puesto policial a lo largo del camino para una nueva inspección. Cerca
de la ciudad, los agentes de policía bloquearon la carretera de acuerdo con una orden judicial de interdicción
prohibitoria y ordenaron a la caravana que diera vuelta y se regresara.
5.
Agrega que los integrantes de la caravana obedecieron la orden, pero durante el regreso, al ver a otra
caravana detenida en la misma carretera, pararon para averiguar. Los agentes de policía les ordenaron que
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la comisionada Flávia Piovesan, de nacionalidad
brasileña, no participó en el debate ni en la decisión sobre este caso.
2 Mediante comunicación de 14 de agosto de 2019, Justicia Global solicitó que se agregara como copeticionaria a la organización Terra de
Direitos.
3 La Comisión declaró admisible el caso en relación con los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 15, 22 y 25 de la Convención Americana en lo que respecta
a la obligación general establecida en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional y con los artículos 2 y 13 de la Convención
Americana en virtud del principio iura novit curia. Véase CIDH, Informe 96/09. Petición 4-04. Admisibilidad. Antonio Tavares Pereira.
Brasil. 29 de octubre de 2009.
4 El Estado informó durante el trámite ante la Comisión de algunas gestiones internas dirigidas a solucionar de manera amistosa el asunto,
sin embargo, no se llevó a cabo un proceso oficial ante la Comisión.
1

1

Select target paragraph3