b) El 6 de mayo de 2022 el juez Gálvez “decidió ligar a proceso a nueve ex altos mandos militares y policiales acusados de crímenes contra la humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato por los hechos del Diario Militar”6. A partir de tal decisión, el proceso se trasladó al tribunal a cargo del juicio oral y público en el caso Diario Militar. Se encuentra pendiente que el juez Gálvez resuelva la situación procesal de otros seis imputados. c) Los ataques contra el juez Gálvez Aguilar se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022. Ese mismo día, cerca de las 8:00pm, el juez observó que al “fondo de la calle que da a su residencia [… una] persona sin identificar […] cargaba una pistola”, pero cuando el personal encargado de su seguridad salió a revisar “la persona ya se había retirado”. Asimismo, se han realizado constantes publicaciones en redes sociales desacreditando su labor7 y, conforme el proceso avanza, ha aumentado la agresividad de estas. d) El 11 de mayo la agrupación denominada “Fundación Contra el Terrorismo” presentó solicitud de antejuicio en contra del juez Gálvez “asegurando que sus resoluciones no han sido apegadas a derecho” 8, el 16 de mayo se “trasladó la querella al Ministerio Público”, el 15 de junio la Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría la admisibilidad para trámite de la solicitud de antejuicio 9 y designó a una jueza pesquisidora10. e) A partir de que falleció uno de los imputados el 14 de junio de 2022, el juez Gálvez ha recibido una “nueva oleada de amenazas” y “ataques” en que lo tildaron de “asesino”, “torturador” y “violador de derechos”, y una abogada hizo pública “la decisión de denunciar[lo]”, por considerar que “habría retardado de forma maliciosa la autorización para entregar el cuerpo del ex militar”. Además, se habría presentado una nueva denuncia en contra del juez Gálvez por prevaricato. 7. Alegaron que dichos hechos se enmarcan en un “contexto de riesgo en el que desempeñan sus labores los operadores de justicia en Guatemala”, en el cual “fiscales, magistrados, magistradas, jueces y juezas, que ven amenazadas sus vidas, se ven expuestos a procesos de criminalización y en algunos casos se han visto obligados a salir del país por el solo hecho de cumplir con sus funciones”. Explicaron que los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo tienen a su cargo delitos de crimen organizado, En su decisión el juez Gálvez “señaló que existió una estructura militar y policial encargada de capturar, torturar y desaparecer a personas consideradas por el gobierno como subversivos. Asimismo, aceptó la participación definitiva como querellantes de cinco familiares de víctimas, dos organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos. 7 Al respecto, se ha calificado al juez Gálvez de “prevaricador por el supuesto desconocimiento de la Ley de Reconciliación”. Además, se publicó que “el caso Diario Militar fue armado artificiosamente […] para obtener resarcimiento”, “se sugirió que el juez Gálvez recibiría dinero por su desempeño […] por parte de ONGs extranjeras”, se “descalificó [su] imparcialidad […] al señalar que estaría actuando en conjunto con la fiscal del caso”, se le catalogó de “sicario” porque “quiere mucho dinero y notoriedad”, se indicó que es “un juicio injusto” y se cuestionó el uso de la prisión preventiva de los acusados. 8 Los representantes explicaron que en la denuncia presentada se argumenta que el juez Gálvez cometió delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y detenciones ilegales con causas agravantes, “por aplicar la prisión provisional de forma reiterada” y “desproporcionada” desde 2015, y se hace referencia expresa a cinco casos. 9 Según argumentaron los representantes, la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia “no identifica de manera precisa cuáles serían las resoluciones emitidas por el propuesto beneficiario que, presuntamente, serían constitutivas de delito”, y no realiza “un adecuado examen sobre los elementos de razonabilidad suficientes que sustentan la querella en su contra”. 10 Los representantes explicaron que el expediente “será traslad[ado] a la jueza pesquisidora quien deberá citar a la Fundación Contra el Terrorismo para que ratifiquen la denuncia”, y a su vez “dará lugar a una audiencia de descargo de pruebas”. Posteriormente, la jueza pesquisidora “deberá elaborar un informe con la recomendación de retirar o no la inmunidad al juzgador”, el cual será trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. 6 4