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contacto con el Ejército, más aun que el actual Ministro de Defensa; que resulta
inadmisible que se culpe al Ejército por la masacre de Moiwana; que habrá
grandes inconvenientes si el gobierno continúa manejando la cuestión como lo
hizo hasta ahora; y que debe realizarse una investigación completa de la
masacre, que debería haberse realizado ya”. El hecho de que tales
declaraciones se realicen en actos públicos y luego se informen a la prensa,
mientras que el Estado no hizo nada para cumplir con la decisión de la Corte de
investigar e iniciar un proceso judicial, es sumamente preocupante para las
víctimas y agrava profundamente su temor y su sensación de ansiedad;
En cuanto al retorno seguro de las víctimas, las declaraciones sobre la
construcción y la renovación de las estaciones policiales en el barrio de la
comunidad Moiwana son “de poco consuelo (y poca relevancia práctica) ya que
las mismas personas que ordenaron, y luego admitieron responsabilidad por el
ataque a su pueblo, continúan teniendo altos puestos políticos y formulan
declaraciones públicas como las comentadas anteriormente”;
El Estado no hizo nada para ubicar y regresar los restos de las personas
asesinadas el 19 de noviembre de 1086, ni consultó a las víctimas al respecto;
En cuanto al fondo de desarrollo, los Representantes observan que el
funcionamiento de SFOMG ni siquiera se menciona en el segundo informe del
Estado. El Estado aun debe explicar de dónde obtendrá fondos SFOMG para
implementar actividades y obtener “reembolsos por proyecto” según se
menciona en el primer informe del Estado;
Los Representantes indican que el monto de USD 327.000,00 fue transferido a
SFOMG a la fecha, de un total de USD 1.200.000,00 ordenado por la Corte;
El segundo informe de Suriname no ofrece información significativa acerca de
porqué se extendió la misión de NCLR casi un año y no se brindó información
acerca de las actividades de NCLR a la fecha. No obstante, los Representantes
fueron informados de que NCLR pretende presentar al Estado un borrador de
marco legislativo que trate la cuestión sobre los derechos reales de los pueblos
tribales e indígenas al 3 de diciembre de 2007, que será seguido por un extenso
proceso de consulta con los pueblos tribales e indígenas. Una vez que concluya
este proceso, el Gobierno tendrá que aceptar o modificar la propuesta, legislar y
luego implementar dichas normas, lo cual puede llevar una cierta cantidad de
años más hasta llegar a su culminación;
Dado que el Estado debe cumplir con su obligación de regular las cuestiones
sobre derechos reales en Moiwana dentro de un “plazo razonable” y que el
proceso antes mencionado puede continuar en los años venideros, los
Representantes consideran que Suriname aun debe brindar un cronograma u
otra indicación sobre cuándo cumplirá con esta orden;
Hasta tanto no se delimiten, demarquen y asignen la titularidad sobre las
tierras de las que la comunidad Moiwana fue expulsada, SFOMG no puede
comenzar a implementar las actividades del fondo de desarrollo, que requieren
vivienda y otros servicios públicos para quienes decidan regresar. No pueden
construirse viviendas, ni una escuela ni un centro de salud hasta tanto se
determine, acuerde, reconozca legalmente y garantice la ubicación de las
tierras y el territorio en cuestión, lo cual requiere la participación y el
consentimiento de todas las partes, incluidas las comunidades indígenas
vecinas. El Estado no consultó hasta hoy a las víctimas y las comunidades
Maroon e indígenas afectadas al respecto;
A los Representantes no les consta que fenómenos climáticos inusuales sean la
causa, como sostiene el Estado, de la demora en concluir el monumento en
memoria de quienes fueron asesinados en Moiwana; y
Solicitaron al Tribunal que ordene lo siguiente:
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