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obligó a los hombres de las familias a asociarse a las PAC. Esta obligación continuó
hasta 1996, año en que las PAC fueron disueltas legalmente;
42.29. durante los años sucesivos a la masacre el temor fundado de persecución, la
amenaza y el control permanentes por parte de las autoridades militares en la zona,
inhibieron a los sobrevivientes y familiares a buscar justicia y denunciar los
cementerios clandestinos ubicados en la aldea. En 1992 los sobrevivientes y los
familiares de las personas ejecutadas en la masacre informaron a las autoridades
judiciales los datos necesarios para la ubicación de los cementerios clandestinos.
Después de haber dado esa información, fueron hostigados y amenazados por
agentes del Estado;
42.30. la comunidad Plan de Sánchez sólo pudo realizar el entierro de algunos de sus
familiares conforme a las ceremonias mayas, a sus creencias y religiosidad a partir
del año 1994;
En relación con las diligencias judiciales
42.31. el 10 de diciembre de 1992 se denunció la existencia de un cementerio
clandestino en la aldea Plan de Sánchez. El 7 de mayo de 1993 la Procuraduría de
los Derechos Humanos presentó, en nombre de la comunidad, una denuncia al
Ministerio Público por la masacre ocurrida en la aldea Plan de Sánchez. El 12 de
agosto de 1993 la pastoral social de la Diócesis de Verapaz informó a la Procuraduría
de los Derechos Humanos en Baja Verapaz sobre la ubicación del cementerio
clandestino, lo cual se puso en conocimiento de las autoridades judiciales;
42.32. las autoridades judiciales iniciaron la causa No. 391/93 en el Juzgado de
Primera Instancia de Salamá, Baja Verapaz, y en el Ministerio Público, donde le fue
asignado el mismo número de expediente, conforme al sistema procesal penal
vigente en esa época;
42.33. el 6 de junio de 1994 se autorizó al Equipo de Antropología Forense de
Guatemala (en adelante “EAFG”) realizar la diligencia de exhumación, la cual se
inició el día 8 de ese mismo mes y año, con la presencia del Procurador de los
Derechos Humanos. Los trabajos antropológicos terminaron a finales del mes de
agosto de 1994. Como resultado de esa diligencia se exhumaron los restos óseos de
84 personas, de 21 fosas comunes ubicadas en el centro de la aldea Plan de
Sánchez. El 7 de abril de 1995 el EAFG entregó a la Fiscalía Distrital de Salamá el
informe de investigaciones antropológicos forenses y adjuntó a dicho informe el
material balístico recuperado en las exhumaciones;
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