12 de enero de 2022 REF.: Caso Nº 13.047 Miguel Ángel Aguirre Magaña El Salvador Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 13.378 – Miguel Ángel Aguirre Magaña respecto de la República de El Salvador (en adelante “el Estado”, “el Estado salvadoreño” o “El Salvador”). El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la falta de debida diligencia en la investigación penal llevada a cabo por las graves lesiones sufridas por Miguel Ángel Aguirre Magaña, las cuales le causaron una discapacidad. El 13 de noviembre de 1993 el señor Aguirre, quien se desempeñaba como funcionario judicial, de desplazó en un vehículo junto con el Juez de Paz de Villa de Apaneca y el secretario judicial, para realizar una diligencia judicial en Villa Concepción de Ataco. Durante el trayecto se produjo una explosión de un artefacto dentro del vehículo. Según el testimonio del señor Aguirre, luego de la explosión el juez se bajó del vehículo con una escopeta e indicó que “eran víctimas de un atentado” y la otra persona salió corriendo a dar parte a la policía. El señor Aguirre fue auxiliado por una persona que se encontraba en la carretera. Producto de dicha explosión, sufrió graves lesiones en su pierna derecha, la que posteriormente le fue amputada; graves y múltiples lesiones en la pierna izquierda y brazo derecho; y pérdida de la audición del oído derecho y lesiones en el oído izquierdo. El señor Aguirre denunció ante las autoridades judiciales que la explosión fue producto de la detonación de una granada que tenía en su poder el juez. El 19 de mayo de 2004 el Juez de Primera Instancia de Atiquizaya declaró el sobreseimiento provisional y el 20 de julio de 2004 la Cámara de la Tercera Sección de Occidente denegó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, confirmando el sobreseimiento del caso. En su Informe de Fondo la CIDH tomó nota de diversos elementos que evidencian omisiones e irregularidades en la investigación penal y en el esclarecimiento de los hechos. En primer lugar, destacó que la autoridad judicial que estuvo inicialmente a cargo del proceso se limitó a realizar inspecciones oculares que identificaron que la detonación del vehículo se debió a una granada M-67 y que “hizo explosión de adentro hacia afuera del vehículo”. Asimismo, se indicó que el automóvil estaba prácticamente destruido; no obstante, se identificó que el dueño del vehículo tenía una escopeta y cartuchos en su vehículo. La Comisión observó que la autoridad no solicitó la realización de ninguna diligencia adicional ni solicitó la toma de declaraciones de las tres personas que estuvieron en el vehículo cuando ocurrieron los hechos. En segundo lugar, observó que tampoco fueron llamadas a declarar los cuatro testigos presenciales de los hechos. Por otra parte, la CIDH destacó que, entre 1993 y 2001, el proceso fue trasladado al menos a cinco diferentes autoridades judiciales debido a las diversas solicitudes de inhibición para conocer del caso por el presunto vínculo con la persona denunciada. La Comisión observó que, conforme a la documentación presentada, no hubo ninguna actividad procesal durante ese período de tiempo, pese a los actos de impulso del proceso realizados por la peticionaria. Tampoco tuvo acogida la solicitud del Ministerio Público para procurar la detención provisional del imputado. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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