demostrar que dicho vínculo o relación “a juicio de la Corte”, pueda “afectar su imparcialidad” o que la persona tenga un interés directo que pueda “afectar su imparcialidad” al emitir una opinión técnica en el presente caso17. 19. En efecto, el Presidente observa que el Estado no aportó prueba alguna que demuestre, conforme a la causal de recusación contenida en el literal c del artículo 48.1. del Reglamento de la Corte, que tales peritas tienen o tuvieron “vínculos estrechos o relación de subordinación funcional” con la presunta víctima y considera que el solo hecho de ser miembro de un Consejo internacional de una organización de derechos humanos no presupone la existencia de “vínculos estrechos” – menos aún de una eventual “relación de subordinación funcional” entre estas personas y la presunta víctima. 20. Por otra parte, con relación a las alegaciones del Estado en cuanto a que las declaraciones de las peritas Šimonović y García-Moreno resultan “genéricas”, “irrelevantes” o “innecesarias”, el Presidente recuerda una vez más que cabe a cada parte en el litigio elegir su estrategia, y que la relevancia y pertinencia de la prueba ofrecida es parte de dicha estrategia. Además, los objetos de ambos peritajes pueden resultar de utilidad para la Corte, toda vez que podrían contribuir a profundizar algunos aspectos de la jurisprudencia del Tribunal en temas relativos a la inclusión de una perspectiva de género y niñez en procesos judiciales que examinan violencia sexual contra niñas y adolescentes, entre otros. 21. Por tanto, se desestima las recusaciones interpuestas por Bolivia y se admiten los peritajes de las señoras Dubravka Šimonović y Claudia García-Moreno ofrecidos por los representantes, en la modalidad y términos que se precisan en la parte resolutiva (infra punto resolutivo 2). C. Admisibilidad del dictamen pericial ofrecido por la Comisión y su solicitud de formular preguntas a una de las peritas ofrecidas por los representantes 22. La Comisión ofreció el dictamen pericial de Miguel Cillero Bruñol para que declare en audiencia pública sobre las formas de violencia sexual contra la mujer y los elementos que la caracterizan tratándose de personas adolescentes, así como las obligaciones estatales en materia de debida diligencia reforzada para la investigación de tales denuncias. Asimismo, indicó que el señor Bruñol “se pronunciará sobre las obligaciones estatales que tiene el Estado para garantizar, sin discriminación por motivos de género ni edad, el derecho de acceso a la justicia de adolescentes víctimas de violencia sexual”. 23. La Comisión consideró que el peritaje ofrecido se refiere a cuestiones de orden público interamericano, por cuanto permitirá a la Corte “continuar desarrollando su jurisprudencia respecto a las formas de violencia sexual contra la mujer, y los elementos que la caracterizan tratándose de adolescentes”. Además, agregó que el peritaje dará “la oportunidad [a la Corte] de profundizar su jurisprudencia respecto al deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género ni edad, el derecho de acceso a la justicia de adolescentes víctimas de violencia sexual”. 24. Ni el Estado, ni los representantes, objetaron el ofrecimiento de dicha prueba pericial. Por lo tanto, el Presidente procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento en el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte, en donde se supedita el eventual Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2010, Considerando 15, y Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de abril de 2021, Considerando 25 17