INFORME No. 96/091
PETICIÓN P-4-04
ADMISIBILIDAD
ANTÔNIO TAVARES PEREIRA Y OTROS
BRASIL
29 de octubre de 2009
I.

RESUMEN

1.
El 1º de enero de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una
petición en la que se alega la responsabilidad internacional de la República Federativa
de Brasil (“el Estado” o “Brasil”) por el asesinato del trabajador rural Antônio Tavares
Pereira y las lesiones corporales sufridas por 185 trabajadores rurales (“las presuntas
víctimas”), presuntamente cometidos por policías militares del estado de Paraná
durante la violenta represión en el marco de una marcha sobre la reforma agraria,
ocurrida el 2 de mayo de 2000. La petición fue presentada por el Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, la Comissão Pastoral da Terra – CPT, el
Centro de Justiça Global y la Terra de Direitos (conjuntamente, “los peticionarios”).
2.
Los peticionarios alegan que, el 2 de mayo de 2000, trabajadores
rurales sin tierra en cincuenta buses se dirigían a la capital de Paraná, Curitiba, a fin
de realizar una marcha culminando con una protesta por la reforma agraria, cuando
fueron interceptados por policías militares. Según los peticionarios, más adelante,
los policías militares habrían bloqueado la carretera a fin de impedir que la caravana
llegara a Curitiba. Los peticionarios sostienen que en el kilómetro 108 de la carretera
BR 277, en virtud del bloqueo, los pasajeros bajaron de uno de los buses a fin de
indagar sobre lo que estaba ocurriendo, tras lo cual los policías militares empezaron
a disparar sus armas de fuego contra los trabajadores rurales, hiriendo fatalmente a
Antônio Tavares Pereira, quien habría muerto horas después en el Hospital del
Trabajador debido a una hemorragia en el abdomen, así como hiriendo a otras 185
personas. En consecuencia, sostienen que Brasil ha violado los artículos 4 (derecho
a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho
de reunión), 22 (derecho de circulación y de residencia) y 25 (protección judicial) de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana” o “la
Convención”) y que ha incumplido igualmente sus obligaciones generales previstas
en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
3.
El Estado alega que la petición es inadmisible en virtud de la falta de
agotamiento de los recursos internos, habiéndose incumplido el requisito del artículo
46.1.a de la Convención Americana, debido a que el 19 de diciembre de 2002, la
viuda de Antônio Tavares Pereira interpuso una acción civil de indemnización contra
el estado de Paraná y el policía militar Joel de Lima Santa’Ana. Conforme al Estado,
dicha acción se encuentra pendiente de una decisión de primera instancia y ha tenido
un trámite regular ante los tribunales internos. Por otra parte, el Estado también
sostiene que, en relación con las investigaciones y los procesos penales sobre los
hechos, la decisión definitiva agotó los recursos internos el 1 de julio de 2003, por
tanto, la petición recibida por la CIDH el 5 de enero de 2004 habría excedido el plazo
de seis meses en cinco días. Consecuentemente, tampoco se habría cumplido el
requisito del artículo 46.1.b de la Convención.
4.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana
1 El Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones ni en
la decisión de la presente petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento
de la Comisión.

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