106 implementación de programas de capacitación al personal de los bancos de sangre que operan en el Ecuador, a fin de asegurar que ejerzan sus labores de manera compatible con los estándares técnicos mínimos de seguridad reconocidos internacionalmente, y iv) la provisión de tratamiento y atención en salud gratuita a niños y niñas con VIH que no cuenten con recursos para ello. Por otra parte, en sus observaciones finales escritas la Comisión resaltó la importancia de determinar “si en la actualidad existe una regulación suficiente y específica para este tipo de servicios de salud conforme a los estándares internacionales y […] la existencia e implementación efectiva de mecanismos […] específicos de supervisión y fiscalización”. 379. Los representantes manifestaron que, “a pesar de los grandes avances que ha hecho el gobierno [ecuatoriano] en materia de salud, el caso de Talía es una demostración de que las políticas públicas en VIH/SIDA siguen deficitarias en relación a los estándares internacionales”. Por ello, señalaron que una forma de no repetición sería la expedición de normas y políticas para que se respeten los derechos de las personas con VIH, para que tengan control mensual, trimestral y anual de todas las instituciones de salud, públicas y privadas, en las que se establezcan con claridad sanciones e indemnizaciones inmediatas para aquellos casos en que “ocurra una situación similar a la de Talía”. Además, solicitaron que el Estado preste apoyo al “seguimiento de la influencia del entorno jurídico en la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo al VIH”. Por otra parte, requirieron que se tome en consideración la información aportada por la Defensoría del Pueblo383, así como el informe de la perita Solíz Torres, donde señala que existe un estancamiento en el Ecuador en cuanto a los esfuerzos nacionales de aplicación de los programas de tratamiento, atención y apoyo, así como en esfuerzos para satisfacer las necesidades relacionadas con el VIH de los huérfanos otros niños vulnerables. En virtud de ello, determinaron que “el Estado debe evitar la privatización y ‘mercantilización de la sangre’”. 380. Asimismo, los representantes señalaron en sus alegatos finales escritos que “[l]a mejor manera de garantizar y medir el cumplimiento de una sentencia es mediante el sistema de indicadores de derechos”, y alegaron que en el presente caso convendría considerar el contexto financiero y compromiso presupuestario, las capacidades estatales y los “tres ejes transversales: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y acceso a la información y participación”. Finalmente, solicitaron específicamente que i) se actualice la información sobre las personas con VIH, servicios, disponibilidad de médicos especialistas, medicinas y presupuestos; ii) se realicen reportes de casos y se les dé seguimiento; iii) se evalúe la calidad y calidez del servicio periódicamente, con la participación activa de personas con VIH; iv) se planifiquen, oportuna y adecuadamente, las compras públicas de medicinas e insumos necesarios; v) se evalúe el impacto de la planificación; vi) se garantice el acceso a la atención médica y servicios de salud que garanticen la atención integral; vii) se capacite continuamente a especialistas tratantes sobre los derechos de las personas con VIH y a los servidores públicos relacionados con el VIH; viii) se difundan y apliquen los procedimientos establecidos en la Guía de Prevención y Control de la Planificación Materno- Infantil del VIH, y ix) se dé seguimiento a las unidades públicas y privadas encargadas de ofrecer servicios a personas con VIH. 383 Resolución N.0032 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador de 19 de agosto del 2013; Informe de seguimiento de cumplimiento a resolución defensorial de la Defensoría del Pueblo de 26 de noviembre de 2014, y Providencia N.180 de la Defensoría del Pueblo de 22 de diciembre de 2014. Estos documentos fueron enviados como anexos al escrito de amicus curiae de la Defensoría del Pueblo de Ecuador para el presente caso. En dichos documentos, la Defensoría del Pueblo señaló la existencia de algunos problemas de desabasto de medicamentos para pacientes con VIH/SIDA en el Ecuador; además, informó que existían reportes respecto a que la atención médica que recibían los pacientes con VIH/SIDA resultaba despectiva y ofensiva.