VOTO RAZONADO CONJUNTO DE LOS JUECES A. A. CANÇADO TRINDADE Y M. E. VENTURA ROBLES 1. Los suscritos Jueces hubiéramos preferido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera adoptado la presente Resolución sobre medidas provisionales de protección después de haber convocado a las partes a una audiencia pública en la sede del Tribunal. Entendemos que la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea varias cuestiones en relación con las cuales nos gustaría haber obtenido aclaraciones tanto de parte de la Comisión, como del Estado, así como de los representantes legales del potencial beneficiario de las pretendidas medidas provisionales. Dichas cuestiones atañen a los requisitos de extrema gravedad y urgencia, y de probabilidad de daño irreparable a la persona consagrados en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. En ocasiones anteriores, los suscritos Jueces hemos igualmente insistido en la necesidad de convocatoria de audiencias públicas, en materia de medidas provisionales, sobre todo estando la Corte en sesión, como en el presente caso. En relación con la reciente Resolución en el caso Eloisa Barrios versus Venezuela, nuestra insistencia, en más de una sesión de la Corte, en relación con la necesidad de la realización de la audiencia, finalmente aceptada por la mayoría de la Corte, resultó en una audiencia de mucho provecho para la adopción de la Resolución del 29 de junio de 2005 en aquel caso. En el presente caso Jorge Castañeda Gutman versus México, tenemos dificultad de evitar la impresión de que tanto los representantes legales del interesado, como la Comisión, así como el Estado, tenían mucho que decirnos en respuesta a las muchas preguntas que teníamos para formularles; tanto es así que el Estado envió a la Corte motu propio un escrito de observaciones (del 23 de noviembre de 2005), desestimado por la Corte, por no haberlo requerido, y por entender que ya contaba con los elementos suficientes para formar su criterio sobre la materia de la presente solicitud de medidas provisionales de protección. 3. En el presente caso de Jorge Castañeda Gutman versus México, la Corte no contó ni siquiera con las observaciones del Estado, ni de los representantes del potencial beneficiario de las pretendidas medidas, para adoptar la presente Resolución. Además, la solicitud de la Comisión fue formulada antes de que se pronunciara sobre la admisibilidad del caso ante ella. Esta actitud contrasta dramáticamente con la lentitud con que ha actuado la Comisión, en numerosos casos de comprobada extrema gravedad y urgencia, en que incluso aplicó previamente sus medidas cautelares durante largo tiempo, medidas éstas desprovistas de base convencional, casos estos en que hubieron víctimas fatales y consecuentemente daños irreparables (casos de Penitenciarías de Mendoza versus Argentina1, San José de Apartadó versus Colombia 2, Cfr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 2004; y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2005. 1 Cfr. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 9 octubre de 2000; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 24 noviembre de 2000; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 18 junio de 2002; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 17 noviembre de 2004; y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 15 marzo de 2005. 2 de de de de de

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