54. De acuerdo con el relato del Estado, el 2 de julio de 2010, agentes estales (no se indica de qué agencia) efectuaron una visita al campo Armadillo donde se determinó la inexistencia de actividades que comprometan la salud o la integridad personal de los PIAV y el 8 de julio funcionarios de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Defensa Nacional verificaron la inexistencia de actividades petroleras y ausencia de todo tipo de actividad extractiva en el campo Armadillo72. No se incorporaron al expediente los documentos respecto de estas determinaciones. 55. El 16 de julio 2011 el Comité de Licitación Hidrocarburifera del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables abrió el concurso de licitación a compañías nacionales y extranjeras para la exploración y explotación petrolera de seis campos marginales, entre los que se encontraba el campo Armadillo73. 2. Las muertes ocurridas en 2003, 2006 y 2013 56. La Comisión observa que entre los años 2003 y 2013, ocurrieron tres hechos de violencia que involucran muertes de miembros de los PIAV, los Waorani y madereros ilegales. Al respecto, la CIDH encuentra que existe poca documentación respecto de tales sucesos en el expediente, por lo que la mayor parte de la información consignada fue tomada del relato de las partes. 2.1. Las primeras muertes violentas e información disponible sobre la investigación judicial 57. La CIDH observa que no existe discrepancia entre las partes sobre la ocurrencia de muertes violentas el 26 de mayo de 2003. Según la parte peticionaria, entre 12 y 26 miembros del pueblo Taromenane fueron asesinados por nueve indígenas Waorani de la región amazónica de Tingüino de Ecuador. Según la narración, los Waorani que perpetraron el asesinato, se movilizaron hacia el sitio Cuchiyacu, en el límite entre las Provincias de Pastaza y Orellana, en el Oriente Ecuatoriano. Señalaron que después de ubicar un asentamiento Taromenane, atacaron sorpresivamente asesinando a varias personas, entre ellas niños y se llevaron la cabeza de los hombres como “trofeo”74. La parte peticionaria indicó que las chozas Taromenane fueron quemadas y los cuerpos cercenados. Sostuvo que, según los Waorani que participaron en estos hechos, “la matanza tuvo como fin vengar la muerte de Carlos Ima [indígena Waorani], quien fue asesinado por los Taromenane hace diez años”75. Sin embargo, la parte peticionaria indicó que la masacre fue “instigada por taladores ilegales quienes habrían financiado la expedición debido a constantes conflictos con pueblos aislados”76. 58. Posterior a la masacre, la Fiscalía General del Estado inició el procedimiento penal No. 347-200377. La parte peticionaria señaló que el Agente Fiscal de Pastaza inició una investigación, visitó el asentamiento y revisó evidencia. En el curso de estas diligencias, encontró doce cadáveres en la choza y área circundante, pero indicó que no se descarta la existencia de más cadáveres escondidos en la selva. La parte peticionaria refiere que, de acuerdo con la investigación “El Exterminio de los Pueblos Ocultos” de Miguel Ángel Cabodevilla la investigación no se completó y los autores no fueron juzgados 78 . La parte peticionaria también señaló que la falta de investigación se debió a que los oficiales públicos trataron el caso como un asunto de justicia indígena, no obstante la evidencia de que el grupo masacrado era distinto de los Waorani que perpetraron el ataque79. 59. El Estado ecuatoriano no aportó información oficial alguna sobre las investigaciones llevadas a cabo ni sus resultados. 2.2. Las segundas muertes violentas e información disponible sobre la investigación judicial Escrito del Estado de 9 de septiembre de 2010. Anexo 44. Documento remitido por la Defensoría del Pueblo de Ecuador de 12 de julio de 2011. 74 Escrito de la parte peticionaria de 4 de mayo de 2006. 75 Escrito de la parte peticionaria de 4 de mayo de 2006. 76 Escrito de la parte peticionaria de 19 de mayo de 2010. 77 Escrito de la parte peticionaria de 3 de febrero de 2015. 78 Escrito de la parte peticionara de 19 de mayo de 2010. 79 Escrito de la parte peticionaria de 19 de mayo de 2010. 72 73 12