11. La propuesta beneficiaria tendría un rol fundamental en las acciones entabladas contra la concesión del canal interoceánico 21. Además, en el marco del contexto actual que atraviesa Nicaragua, la propuesta beneficiaria se habría pronunciado en diversas ocasiones rechazando la violencia y represión por parte del gobierno y grupos parapoliciales en contra de los y las estudiantes, los y las campesinas y los diversos sectores sociales que se están manifestando en los distintos puntos del país. La propuesta beneficiaria también se habría sumado a las acciones y manifestaciones cívicas no-violentas del país. 12. Los solicitantes hicieron referencia a diferentes presuntos eventos de riesgo ocurridos a la propuesta beneficiaria entre los años 2016 22, 2017 23 e inicios de 2018 24, los cuales estarían relacionados con sus actividades como defensora de derechos humanos. Tales eventos de riesgo incluyen por ejemplo, publicaciones en redes sociales dirigidas a desprestigiarla y obstaculizar sus labores, presunta vigilancia mientras realizaba sus labores o en su domicilio, amenazas de muerte en contra de ella y de su hermano, hostigamientos presuntamente por parte de la policía. 13. De acuerdo con las solicitantes, la situación de riesgo de la propuesta beneficiaria ha incrementado en los últimos meses: - A partir del 16 de julio de 2018 estaría circulando en redes sociales un video mediante el cual se pretendería vincular a la propuesta beneficiaria con la realización de actos de terrorismo. El video 21 La solicitud indica que la propuesta beneficiaria fue reconocida con el premio Oness Mediterránea en 201721, así como una de las “50 mujeres desafiantes de Centroamérica” por la Revista Estrategia y Negocios 201722, entre otros reconocimientos. 22 Específicamente los solicitantes informaron que: el 12 de abril de 2016 se habrían realizado publicaciones en el portal de internet Nicaleaks señalando a la propuesta beneficiaria de pertenecer, junto con varios de sus familiares, a movimientos políticos que buscan aprovecharse de la lucha ambientalista; el 13 de abril de 2016 se habría impedido a la propuesta beneficiaria presentar un recurso en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de rechazar una iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la Ley 840 (que avaló la concesión del Canal Interoceánico). Según la solicitud, funcionarios de la Asamblea Nacional le indicaron que la decisión para impedirle el acceso fue tomada como represalia por haber fotografiado y compartido en redes sociales la nota de la Asamblea que indica que se negaba a recibir la iniciativa ciudadana; el 6 de diciembre de 2016 la propuesta beneficiaria habría sido acosada cuando acompañaba a la señora Francisca Ramírez (beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH). Cuando acudieron a la sede policial, varios de los policías comenzaron a tomarle fotografías a ella y a la señora Francisca, presuntamente como una forma de amedrentamiento; en diciembre de 2016 Umanzor López Baltodano, hermano de la propuesta beneficiaria, habría sido amenazado de muerte a través de un mensaje enviado a su perfil de Facebook indicando “a esta rata hay que matarla”. La amenaza se habría realizado cuando se encontraba junto a la propuesta beneficiaria. 23 Los solicitantes indicaron que: el 22 de abril de 2017 en el marco de una marcha convocada por el movimiento campesino en Juigalpa, un jefe de la Delegación Policial habría ordenado la detención del vehículo en el que viajaba la defensora junto a otros líderes campesinos, justo en el momento en que finalizaba la manifestación. La propuesta beneficiaria señaló que, al percatarse de que iba a ser detenida, gritó por ayuda a través de la ventana del vehículo generando que manifestantes y otras personas defensoras de derechos humanos acudieran al lugar. El 14 de agosto de 2017 la propuesta beneficiaria habría sido retenida por oficiales de tránsito y agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional cuando se dirigía a La Fonseca -lugar de residencia de Francisca Ramírez-. Según la solicitud, la policía además de detener los dos autos institucionales en los que viajaba ella con un equipo institucional de Fundación Popol Na, le hizo cuestionamientos sobre el motivo del viaje y requirió información de las personas que le acompañaban. El 21 de agosto de 2017 mientras la propuesta beneficiaria esperaba a un invitado en el aeropuerto, el conductor del vehículo institucional que la acompañaba habría sido interrogado por un agente policial, quien le requirió información sobre la persona que la propuesta beneficiaria estaba esperando. De igual forma, el policía le habría tomado fotografías al vehículo y a él, y le habría requerido los documentos personales. El 2 de octubre de 2017 la propuesta beneficiaria habría recibido una amenaza a través de un mensaje en su perfil de Facebook, que indicaba “es la próxima por lo que le hizo a mi papá”. El usuario de la cuenta en Facebook que remitió el mensaje habría sido borrado algunos días después de recibida la amenaza. Ese mismo día, aproximadamente a las 6 p.m., el vehículo de la propuesta beneficiaria habría sido forzado y abierto cuando se encontraba estacionado en un centro comercial. Según la solicitud, antes de percatarse de que el vehículo fue forzado, al lado de su vehículo estaba estacionada una camioneta vieja, con dos hombres en su interior, quienes se fueron del lugar al darse cuenta de que la propuesta beneficiaria regresaba a su vehículo. En octubre de 2017 los solicitantes informaron que existía un documento difamatorio que acompañaba una fuerte campaña de desprestigio. El documento fue remitido, por vía email. En el mismo se le amenazaba y posicionaba como “infiltrada” del gobierno en el movimiento campesino. El 5 de diciembre de 2017 dos motocicletas habrían vigilado la entrada de la Fundación Popol Na. Asimismo, personas desconocidas habrían seguido a la propuesta beneficiaria cuando ella se traslada a su casa de habitación en su vehículo personal. El 11 de diciembre de 2017 la propuesta beneficiaria junto a la líder campesina Francisca Ramírez habrían denunciado que ambas estaban siendo víctimas de una campaña difamatoria que ponía en riesgo su integridad, en tanto estaban siendo falsamente imputadas como agentes del gobierno. Los solicitantes indicaron que se ha utilizado el nombre de la propuesta beneficiaria con números de teléfonos desconocidos para enviar mensajes a personas campesinas integrantes del movimiento, con el fin de desmovilizar las marchas y manifestaciones. 24 Los solicitantes alegaron que el 21 de febrero de 2018 mientras la propuesta beneficiaria se trasladaba a San Albino para una actividad conmemorativa, habría sido interceptada por la policía nacional para impedir su participación en dicha actividad. La propuesta beneficiaria habría sido agredida por agentes de la policía nacional, quienes de manera violenta habrían intentado apartarla del camino. -4-