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de Justicia Militar, sino también los supuestos previstos en los incisos b), c), d), y e),
del instrumento normativo indicado.
4.
Pese a las deficiencias estructurales y normativas que presenta el Código de
Justicia Militar que data de 1933, debe observarse que existió voluntad del Estado
mexicano de investigar institucionalmente el caso, pero también es evidente que no
fue más allá de realizar diligencias de rutina a sabiendas que de esa manera no se
aclararían los hechos ni se fincarían responsabilidades a los agentes del Estado
involucrados, sin considerar además la máxima en procuración de justicia “conforme el
tiempo pasa la verdad se aleja”.
5.
El Estado mexicano debe procurar que no ocurra más la inseguridad jurídica
que representa a un gobernado el hecho de que se investiguen delitos por una y otra
aplicación de fuero constitucional, esto es, que se instruyan procedimientos de
investigación sin criterios jurídicos definidos derivados de la relatoría de los hechos,
dado que si se imputan conductas delictivas a militares resulta poco congruente que se
asuman investigaciones en el fuero común, dejando en estado de indefensión a las
víctimas frente a la falta de recursos legales para enderezar sus defensas y garantizar
su acceso a la justicia.
6.
Debe destacarse que si bien quedó debidamente demostrada la negligencia y
falta de resultados a cargo de la procuración de justicia por parte del Estado mexicano,
en los diversos fueros constitucionales de carácter competencial en materia penal que
se involucraron en la investigación de los hechos, aun como coadyuvantes, también
debe indicarse que no se trata de una violación sistémica como instrumento de
atemorización dolosa por parte del Estado mexicano respecto de las poblaciones
indígenas de la región, particularmente de las mujeres.
7.
La demanda como marco litigioso del proceso no excluye la posibilidad para la
presentación de pruebas supervinientes previas al dictado de la sentencia, lo que hay
que distinguir muy puntualmente de los hechos que no son objeto de litis, no obstante
presenten algún tipo de relación con el caso, de modo que la demanda o escrito inicial
fija la litis.
8.
La atención que el Estado mexicano preste a la Sentencia debe enfatizar no sólo
en la obligación del Estado de brindar atención psicológica de primer nivel a la víctima,
esto es, por expertos en temas de esta naturaleza a las víctimas directas e indirectas,
sino también deberá supervisar que efectivamente se realicen dichos tratamientos
hasta que ellas sean dadas médicamente de alta.
9.
Derivado de un estudio retrospectivo y prospectivo, el Estado mexicano deberá
rediseñar y fortalecer las políticas públicas que implican a sus Fuerzas Armadas para
minimizar la interacción de los militares con la población civil, y de este modo
garantizar la disminución no sólo de actos de molestia, sino también de violaciones a
los derechos fundamentales de mayor agravio a la población civil, en las tareas que
despliegan las fuerzas de la disciplina y que se han enfatizado por temas de seguridad
pública en México; por lo que en su caso debe adoctrinarse a los militares que realicen
provisionalmente tareas de seguridad pública o vinculadas con la misma y con la
investigación y persecución de los delitos en los que participan.
El presente caso paradigmático debe ser oportunamente aprovechado por el
10.
Estado mexicano no solo para lograr reivindicar su compromiso con la sociedad civil
sino también para que, a la par, dar un oportuno cumplimiento a la Sentencia recaída