6 de agosto de 2019
REF.:

Caso Nº 12.975
Julio Casa Nina
Perú

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el
objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 12.975 – Julio
Casa Nina respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”).
El presente caso se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la
separación de Julio Casa Nina de su cargo de Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de
Huamanga Ayacucho, Perú. La Comisión consideró que el Estado violó el derecho a ser oído, el derecho de defensa y el
principio de legalidad, tomando en cuenta que el nombramiento de la víctima sin ningún plazo o condición, limitada a una
invocación genérica de las necesidades de servicio resultó incompatible con las garantías de estabilidad reforzada que
deben proteger a fiscales para ser separados de sus cargos únicamente por incurrir en graves causales disciplinarias o por
cumplirse el plazo o condición establecido en su designación. Por otra parte, por la forma en que fue cesada de su cargo, la
víctima no contó con un procedimiento que cumpliera con las garantías mínimas que se desprenden del derecho de
defensa.
Adicionalmente, la Comisión consideró que el Estado violó el derecho a contar con decisiones debidamente
motivadas y el principio de presunción de inocencia. Al respecto, la Comisión destacó que la decisión que cesó a la víctima
de su cargo carece de motivación, y no permite comprender las razones que dieron lugar al cese. Además, en dicha decisión
se indica que la misma es “sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por la queja y la denuncia que
se encuentran en trámite”. Tal referencia también fue invocada en la decisión que declaró sin lugar el recurso de
reconsideración planteado por la víctima, lo cual afectó el principio de presunción de inocencia.
La CIDH también concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial, tomando en cuenta que la víctima
hizo uso de un recurso de reconsideración en la vía administrativa, el cual se declaró sin lugar el 14 de febrero de 2003 por
la Fiscal de la Nación, indicando que el nombramiento de la víctima era de carácter provisional, asimismo, planteó un
amparo ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, y una apelación contra la decisión que denegó su
amparo, sin embargo ninguna de las vías intentadas por la víctima fueron efectivas para impugnar la decisión que lo cesó en
su cargo. Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó los derechos políticos de la víctima, los cuales protegen el
derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, tomando en cuenta que la
víctima fue separada de su cargo en un procedimiento en el cual no se cumplieron las garantías mínimas requeridas.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

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