29 100. Aunque la Corte valora la voluntad política expresada por el Estado para mejorar las condiciones de detención de sus prisioneros y reformar el sistema penal, el hecho es que tres de las presuntas víctimas del presente caso han estado detenidas en la Prisión Temporal de Harrison’s Point por más de dos años y medio, donde han estado sujetos a condiciones de detención que no respetan su integridad y dignidad inherente. Un cambio futuro en su régimen de detención no es sólo deseable, sino que necesario; no obstante, tal cambio futuro no les devolverá el tiempo que han estado viviendo en condiciones deplorables, sin privacidad y con poco o ningún contacto con sus seres queridos. 101. En este sentido, la Prisión Temporal de Harrison's Point ya lleva más de dos años operando y, durante ese tiempo, no han mejorado las condiciones de la prisión ni se ha completado la construcción del nuevo centro de detención. Por tales motivos, los señores Boyce, Joseph, Huggins y Atkins han soportado condiciones inhumanas por un lapso irrazonable de tiempo. Aún teniendo en cuenta las circunstancias que señala el Estado, la Corte considera que la ausencia total de privacidad, junto con el deficiente régimen de ejercicio y una desconsideración completa de la necesidad de una interacción real, no virtual, con miembros de sus familias y amigos, son condiciones claramente incompatibles con el debido respeto a la dignidad del ser humano112. 102. Por lo tanto, la Corte concluye que las condiciones en las cuales estas tres presuntas víctimas han estado y continúan siendo detenidas, en particular en relación con la falta de privacidad, contacto con el mundo exterior y falta de ejercicio, así como también el hecho de que residen en jaulas y están forzados a utilizar baldes de recolección a plena vista del resto de la gente, constituyen un trato inhumano y degradante y una falta de respeto de la dignidad humana de la persona, en contravención con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en perjuicio de los señores Boyce, Joseph, Atkins y Huggins. C. Notificación y Lectura de las Órdenes de Ejecución 103. El Estado leyó órdenes de ejecución a las cuatro presuntas víctimas en dos ocasiones distintas notificándoles de este modo que serían ejecutadas por medio de la horca en un plazo de siete días, contado a partir de tales notificaciones. La primera notificación de órdenes de ejecución supuestamente ocurrió cuando sus apelaciones a nivel interno aún se encontraban pendiente de resolución. La segunda notificación supuestamente ocurrió cuando sus peticiones ante la Comisión Interamericana se encontraban pendientes de resolución. Aún cuando ninguna de las presuntas víctimas fue ejecutada, la Comisión sostuvo que la presunta notificación de las órdenes de ejecución a cada una de las víctimas en estas dos ocasiones, mientras se encontraban pendientes la resolución de las apelaciones internas así como la petición ante la Comisión, constituye una violación del artículo 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1 de la Convención. La Comisión consideró esencial que “los litigantes deben poder completar el procedimiento de sus apelaciones a nivel nacional así como el procedimiento de sus demandas ante [la Comisión] antes de llevar a cabo cualquier ejecución”. 104. Los representantes también alegaron que los dos intentos por parte del Estado de ejecutar a las cuatro presuntas víctimas mientras se encontraban supuestamente pendientes la resolución de sus apelaciones a nivel interno y la petición ante la Comisión Interamericana, violan sus derechos a recurrir del fallo y derivó en un trato cruel que viola los artículos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y 8.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de ese mismo instrumento. Los representantes alegaron que se leyeron las primeras 112 Cfr. Caso Loayza Tamayo, supra nota 108, párr. 58; Caso del “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 84, párr. 154; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 24, párr. 315, y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 108, párr. 221.