7. De acuerdo a los peticionarios, el hecho de haber ganado las
elecciones primarias en su partido, le significó a Ángel Pacheco León una
serie de problemas que incluyeron desde obstáculos para desarrollar su
campaña electoral hasta amenazas de muerte. Explican que luego de
ganar las primarias, fue citado a una reunión por altos personeros del
Partido Nacional en la cual le exigieron que declinara su candidatura a
diputado en favor de una persona por ellos señalada, sin embargo
Pacheco León no aceptó y así lo manifestó en la reunión.
Posteriormente, habría sido citado a una nueva reunión pero no asistió
porque le avisaron que en ella lo matarían. Agregan los peticionarios,
que posteriormente Ángel Pacheco León recibió varias amenazas de
muerte, algunas de ellas dirigidas por militantes de su propio partido,
incluida la persona a favor de quién altos personeros del partido le
habían pedido que declinara su candidatura a diputado. Asimismo,
expresan que lo intentaron asesinar en un restaurante.
8. De acuerdo a los peticionarios, si bien se inició un proceso
judicial para individualizar la responsabilidad en los hechos y sancionar a
los responsables, hasta la fecha no se han obtenido resultados que
garanticen el derecho de los familiares del Sr. Pacheco a la justicia y a la
verdad.
9. Sostienen los peticionarios que el Estado, a través del Fiscal del
Ministerio Público asignado en el proceso, ha sido negligente en el
recaudo de las pruebas que por indicios racionales comprometerían la
responsabilidad de varias personas, acusadas de haber amenazado de
muerte a Ángel Pacheco León desde que ganó las elecciones primarias
para ser candidato a diputado del Congreso por el Partido Nacional.
Expresan los peticionarios, que a pesar de que se señalaron
determinadas personas como presuntos responsables de las amenazas
de muerte inferidas contra el Sr. Pacheco León, el Fiscal se habría
abstenido de citarlos a declarar y de llamar a declarar a testigos que se
estimaba tenían conocimiento de dichas amenazas.
10. Los peticionarios alegan que el proceso ha tenido largos
espacios de inactividad judicial y que sólo se reactivó luego de que se
hubiera interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos del Ministerio Público por denegación de justicia, en julio de
2004. En la mencionada denuncia, los peticionarios manifiestan haber
solicitado que se investigara la destrucción de muestras de sangre
extraídas durante la autopsia realizada a Ángel Pacheco León, sin que
hasta la fecha se conozcan las razones que provocaron dicha
destrucción.
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