RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
DE 14 DE MAYO DE 2021
CASO BARBANI DUARTE Y OTROS VS. URUGUAY
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
VISTO:
1.
La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la
Corte” o “el Tribunal”) el 13 de octubre de 2011 1. La Corte declaró la responsabilidad
internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”),
entre otros, por haber violado determinadas garantías judiciales, en perjuicio de las 539
víctimas del caso2. Dicha violación se dio en los procedimientos administrativos especiales
seguidos ante el Banco Central del Uruguay (en adelante “Banco Central” o “BCU”), en relación
con las peticiones interpuestas por las víctimas bajo el artículo 31 de la Ley No. 17.613
“Fortalecimiento de Sistema Financiero” (en adelante “Ley 17.613”), el cual habilitaba la
eventual determinación de derechos como acreedores, a favor de clientes de los Bancos de
Montevideo y La Caja Obrera ante su proceso de disolución y liquidación3. En diciembre de
2002, el Estado promulgó la referida ley para atender diversas situaciones surgidas como
consecuencia de la crisis bancaria ocurrida en el Uruguay en ese año y la inminente liquidación
de varias instituciones privadas de intermediación financiera, entre ellas los Bancos de
Montevideo y La Caja Obrera. Concretamente, este Tribunal declaró que se violó el ámbito
material del derecho a ser oído, debido a que se realizó un examen incompleto del fondo de
las peticiones de las víctimas, de manera tal que el procedimiento administrativo especial
creado por esa ley resultó inefectivo. También, la Corte declaró la violación del derecho a un
tratamiento sin discriminación, en relación con el derecho a la garantía procesal de una debida
motivación en perjuicio de dos víctimas, respecto de sus peticiones ante el Banco Central4, y
la violación del derecho a la protección judicial, en perjuicio de doce víctimas 5. El Tribunal
estableció que su Sentencia constituía por sí misma una forma de reparación y ordenó al
Estado la adopción de medidas de reparación adicionales (infra Considerando 1).

El Juez Ricardo Pérez Manrique, de nacionalidad uruguaya, no participó en el conocimiento y deliberación de la
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. Debido a las
circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Resolución fue deliberada y aprobada
durante el 141 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios
tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.
1
Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de
2011. Serie C No. 234. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_234_esp.pdf. La Sentencia
fue notificada al Estado el 18 de noviembre de 2011.
2
Identificadas en el anexo a la Sentencia.
3
Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, supra nota 1, párrs. 133 a 143.
4
Se trata de las víctimas Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales. Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay,
supra nota 1, párrs. 173 a 175 y 178 a 185.
5
Esta violación se declaró en relación con las acciones de nulidad que interpusieron las víctimas Daniel Dendrinos
Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sierna, Clara
Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacio y Thomas Máximo Neuschul,
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que este tribunal incurrió en un examen incompleto de
tales acciones. Cfr. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, supra nota 1, párrs. 216 y 218 a 220.
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