-20otros profesionales, bajo el principio de que el acto médico, por tratarse de un
acto dirigido a salvar la vida de una persona, es un acto que merece la protección
del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, según el cual el
médico tiene la obligación moral de defender la vida de los seres humanos. El
acto médico no puede ser objeto de una sanción ni una represalia. La Asociación
Médica Mundial tiene un juramento y, por otro lado, también tiene un Código de
Ética Internacional, en el cual se señala que el acto médico es un acto que no
debe ser perseguido ni debe ser objeto de represalia porque está destinado a
salvar las vidas de los seres humanos.
La Asociación Médica del Seguro Social y el Colegio Médico del Perú nombraron a
un abogado para que asumiera la defensa de la señora De La Cruz Flores.
Asimismo, el abogado Javier Ríos Castillo y el Colegio Médico del Perú actuaron
como copeticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Colegio Médico del Perú, la Federación Médica Peruana y la Asociación Médica
del Seguro Social del Perú asumieron la defensa de numerosos médicos
detenidos por “haber atendido en la salud a presuntos terroristas”. La mayoría
de estos médicos salieron en libertad, después de estar detenidos durante varios
meses y años; algunos fueron absueltos, pero otros siguen detenidos. En el
informe presentado por la Federación Médica Peruana a la Misión del Perú ante la
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en noviembre de 1993,
publicado en 1994, se encuentra la relación completa de todos los médicos
detenidos, caso por caso, con un resumen de la situación de cada uno. Dicha
asociación se dirigió al entonces Presidente Fujimori para requerirle la libertad de
los médicos señaldos en el informe, ya que era el acto médico el que estaba
siendo objeto de una represalia por parte de las autoridades del país.
La Asociación Médica del Seguro Social del Perú emitió comunicados públicos
solicitando la libertad de la señora De La Cruz Flores, debido a la injusta
detención por el presunto delito de terrorismo, habiéndose demostrado su
inocencia en todas las instancias.
El caso fue acogido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En 1997 el Decano del Colegio Médico del Perú solicitó al General de la Policía
Nacional el ingreso al Penal del testigo, quien en ese momento era Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad de visitar a los médicos
detenidos, entre quienes se encontraba la presunta víctima. Ese mismo año, el
Colegio Médico del Perú solicitó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que
se hiciera justicia en el caso de la señora María Teresa de La Cruz Flores. Por su
parte, la Asociación Médica del Seguro Social del Perú solicitó a las autoridades
de la Corte Suprema la libertad de la presunta víctima.
El testigo visitó a la presunta víctima en 1990, cuando estaba detenida en el
Centro de Detención en Magdalena del Mar, y posteriormente en el Centro de
Detención de Santa Mónica, en el cual la presunta víctima estaba en una
situación de adelgazamiento, palidez, envejecimiento y un cuadro de depresión,
motivada por su detención. La señora De La Cruz Flores manifestó que no había
sido objeto de tortura o de maltrato pero que las condiciones de detención eran
muy difíciles. Como en esa época se daban muchos casos de desapariciones,
torturas o violaciones, los dirigentes gremiales médicos actuaban rápidamente en
defensa de sus colegas que fueran detenidos. También, el gremio médico hizo