de 2019, y 31 de marzo de 2020. Los escritos de la Comisión Interamericana de 31 de enero
y 26 de mayo de 2020.
3.
La valoración de la situación de riesgo de los beneficiarios de las medidas provisionales
elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibida el 31 de julio de 2019,
en respuesta a lo solicitado por la Corte en la Resolución de 13 de marzo de 2019.
4.
Los escritos de 10 y 18 de febrero de 2020 presentados por Amnistía Internacional
México en calidad de amicus curiae 2.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de medidas
provisionales deben concurrir tres condiciones: a) “extrema gravedad”; b) “urgencia”, y c)
que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”. Así, las medidas provisionales se
transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo 3. Estas tres
condiciones son coexistentes y deben estar presentes en toda situación en la que se solicite
la intervención del Tribunal. Del mismo modo, las tres condiciones descritas deben persistir
para que la Corte mantenga la protección ordenada 4.
2.
En su Resolución de 13 de marzo de 2019, la Corte analizó una solicitud de
levantamiento de las medidas provisionales solicitada por el Estado. Al respecto, consideró
que “los estudios de riesgo realizados a la señora Fernández Ortega y su familia, así como a
Tlachinollan concluyeron que se encuentran en una situación de riesgo, sin que se demostrara
que los riesgos existentes no estén relacionados con los hechos de este caso” 5. Además, la
Corte resaltó que no se realizó un estudio de riesgo a la señora Obtilia Eugenio Manuel, sus
familiares y los 40 integrantes de OPIM, como había sido solicitado por la Corte.
3.
En virtud de lo anterior, el Tribunal solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México que presentara un informe directamente a este Tribunal sobre su valoración
respecto de la situación de riesgo y las medidas de protección que pudieran ser implementadas
a favor de los y las beneficiarias de estas medidas 6. El 31 de julio de 2019 la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos presentó la valoración solicitada.
4.
El 22 de noviembre de 2019 se ordenó mantener las medidas provisionales ordenadas
por un período adicional que vence el 15 de junio de 2020, para poder recibir las observaciones
faltantes a la valoración realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5.
Los beneficiarios de las presentes medidas provisionales se dividen en cuatro grupos: a)
Inés Fernández Ortega y familia 7; b) miembros del Centro de Derechos Humanos de la

2

Escritos presentados por Tania Reneaum Panszi y Norma González Benítez de Amnistía Internacional México.

3
Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando 4, y Asunto de diecisiete personas
privadas de libertad respecto de Nicaragua. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2019, Considerando 9.
4
Cfr. Caso Carpio Nicolle. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando 14, y Caso Bámaca Velásquez. Medidas Provisionales
respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2018,
Considerando 3.
5
Caso Fernández Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2019. Considerandos 14 a 16.
6
Caso Fernández Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2019. Considerandos 17 y 28.
7
Inés Fernández Ortega, su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, así como sus hijas Noemí, Ana Luz y Nélida, y
su hijo Colosio, todos de apellido Prisciliano Fernández.

2

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