II.

ALEGATOS DE LAS PARTES2

A.

Parte peticionaria

6.
La parte peticionaria señaló que el 11 de diciembre de 1998, explotó una fábrica fuegos
artificiales en Santo Antônio de Jesus, propiedad del señor Osvaldo Prazeres Bastos, también conocido como
“Vardo dos Fogos”. Indicó que murieron 64 personas que trabajaban allí, la mayoría mujeres, niños y niñas, y
sólo seis personas sobrevivieron resultando con heridas y quemaduras del 70% del cuerpo.
7.
Afirmó que esta fábrica funcionaba clandestinamente, guardaba material prohibido y operaba
sin las condiciones mínimas de seguridad. Agregó que las irregularidades en el funcionamiento de la fábrica
fueron detectadas por una pericia realizada por el Departamento de Policía Técnica de la Secretaría de
Seguridad Pública el mismo día, tras la explosión.
8.
La parte peticionaria indicó que, según consta en el procedimiento administrativo abierto
por el Ministerio del Ejército, la fábrica funcionaba irregularmente con la complicidad de los órganos públicos
que no fiscalizaban debidamente. Entre las irregularidades señaló la falta de seguridad en las instalaciones, la
fabricación de pólvora sin autorización, el almacenamiento de explosivos en grandes cantidades y la falta de
organización en los depósitos. Refirió que al momento de la explosión se encontraban todos los fuegos
artificiales en un mismo lugar, en el que no había sistema de alarmas ni de extinción de incendios.
9.
Indicó que fueron interpuestas acciones penales, civiles y laborales a fin de individualizar a
los responsables. Respecto de la acción penal judicial, señaló que fue interpuesta por el Ministerio Público el
13 de abril de 1999, tras las investigaciones iniciales, y que a la fecha de la presentación de la petición, la etapa
de instrucción llevaba tres años. Agregó que dentro de la acción penal se decretó la prisión preventiva del
propietario de la fábrica Osvaldo Prazeres Bastos, quien se encontraba prófugo. Afirmó que la demora en sede
penal ha repercutido en sede civil, que se resolvería más rápido si hubiese condena penal. En ese sentido,
indicó que se interpuso una acción por indemnización el 9 de febrero de 1999 pero, a la fecha de presentación
de la petición, no se había abierto la fase de instrucción o producción de pruebas. Señaló que en sede laboral
se interpusieron 76 demandas y que la mayoría fueron rechazadas en primera instancia pero que en segunda
instancia, 46 demandas fueron reconsideradas y se reconocieron los vínculos laborales entre las víctimas y la
empresa.
10.
En enero de 2004, la parte peticionaria resaltó que las decisiones de la justicia laboral en favor
de las víctimas y sus familias no fueron cumplidas porque la fábrica en cuestión fue registrada en nombre de
Mario Fróes Prazeres Bastos, “hijo del real dueño de la empresa”, Osvaldo Prazeres Bastos; por ello, no contaba
con patrimonio suficiente para pagar la deuda. Afirmó que el Estado no realizó las diligencias necesarias para
la identificación de los bienes existentes para ejecutar el pago correspondiente.
11.
Indicó también que, en 2004, la fábrica aún estaba en actividad y que los trabajadores corrían
más riesgo puesto que estaban llevando material explosivo para sus casas. Alegó que no se habían tomado
medidas efectivas en favor de las familias ni de los sobrevivientes, quienes requerían tratamientos médicos
urgentes. La parte peticionaria agregó que la fábrica contaba con permisos del Ministerio del Ejército y la
municipalidad. Afirmó que el ejército solamente suspendió la concesión de permiso seis meses después de la
explosión. Señaló que otro aspecto a tenerse en cuenta es que “el real el propietario de la fábrica, Osvaldo
Prazeres Bastos” fue condenado por homicidio culposo, en abril de 1996, por otra explosión ocurrida en el
marco de sus actividades industriales.
12.
Por otra parte, informó que el gobierno del Estado de Bahía, en conjunto con la municipalidad
y otros entes de la sociedad civil organizada, intentó crear en 1999 el proyecto “Fenix”, por medio del cual

La Comisión recibió información sustantiva de las partes desde la presentación de la petición y hasta el año 2010. En sus comunicaciones
posteriores, los peticionarios manifestaron su interés en continuar el proceso ante la CIDH y su solicitud de que se emitiera un informe de
fondo.
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