-2Personal) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención, en perjuicio de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos “que habiendo resultado ilesos [supuestamente] fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante”; y por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “las [presuntas] víctimas y sus familiares”. 3. Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda habrían ocurrido a partir del 6 de mayo de 1992 y se refieren a la ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro, durante el cual el Estado, supuestamente, produjo la muerte de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Los hechos también se refieren al supuesto trato cruel, inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”. 4. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso. II COMPETENCIA 5. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 4 de junio de 1996. III PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 6. El 18 de mayo de 1992 la señora Sabina Astete remitió una denuncia ante la Comisión Interamericana1, la cual se encuentra firmada por personas que indican ser miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Dicha denuncia fue identificada bajo el número 11.015, y se refería a los supuestos “genocidio del 6 al 9 de mayo de 1992” en el Penal Castro Castro y falta de información “a los familiares y opinión pública” acerca de los sobrevivientes, fallecidos y heridos. Asimismo se refería a supuestos “traslad[os] clandestin[os] a diferentes penales” de Perú, sin permitir el “acceso […] de los familiares [y] abogados”. 7. Los días 12 de junio, 9 de julio, 10, 12 y 21 de agosto de 1992, 17 de agosto de 2000, 23 de enero y 7 de febrero de 2001, y 31 de mayo de 2001 la Comisión transmitió al Estado información adicional respecto al caso. Esta información se refería, inter alia, a los malos tratos, “torturas”, “requisas” y “aislamiento” a que supuestamente fueron sometidas las presuntas víctimas de los hechos del Penal Miguel Castro Castro, con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados de los internos a otros penales del Perú. Asimismo, se refería a las alegadas condiciones “infrahumanas” en que se encontraban las presuntas víctimas en los centros a los 1 Como respuesta a la solicitud de prueba y aclaraciones para mejor resolver realizada por el Presidente de la Corte, la Comisión indicó en su comunicación de 3 de noviembre de 2006 que este escrito de 18 de mayo de 1992 fue “la petición inicial que originó el expediente del caso 11.015”.